Todas las iniciativas necesitan que cambie la legislación provincial vigente. El debate se daría a partir de la asunción del nuevo gobierno.
El aval que dio la Legislatura a la exploración de la mina Hierro Indio, en Malargüe, envalentonó a los empresarios mineros, para quienes la aprobación es un “punto de partida” para volver a hablar de minería metalífera en Mendoza. Como contraparte, sectores ambientalistas encienden alarmas respecto de las “intenciones por detrás” que -denuncian- tienen el Gobierno provincial y partidos de la oposición. Avizoran que se está “preparando” el terreno para modificar la ley 7.722, que prohíbe la utilización de sustancias químicas y tóxicas para la extracción de minerales.
Según la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), en la provincia hay 19 proyectos factibles -ver infografía- para extraer minerales como uranio, cobre, oro, plomo y plata, entre otros. Para ello, Raúl Rodríguez, titular de la Cámara, destacó a Los Andes que necesariamente requieren una reforma de la ley antiminera y que aguardan una “discusión social y política sana y constructiva” para lograr consensos.
Infografía: Gustavo Guevara / Los Andes
Sin dudas la minería es un tema sensible en Mendoza. Lo sabe el arco político, que debió paralizar la discusión de dos proyectos para reformar la 7.722 en el Senado, en medio del intenso año electoral. No obstante, con la nueva conformación de las Cámaras, y sobre todo con el nuevo Gobierno, volverán a debatirse esos proyectos.
Ilusión empresaria
El gobernador electo, Rodolfo Suárez, sostuvo en su campaña electoral la intención de que se pueda hacer minería “en los lugares donde exista consenso social, con estrictos controles”, poniendo el eje en la creación de empleo.
En esas palabras se apoya la ilusión de los empresarios mineros. “Se animó a hablar durante la campaña y tuvo el valor de decir que está a favor del desarrollo minero. Que haya sido ratificado por más del 50% de los votos nos da una esperanza de que haya una validación detrás”, consideró Rodríguez.
Los dos proyectos que buscan reformar la 7.722 pertenecen a los peronistas Alejandro Abraham y Juan Agulles. A grandes rasgos, el del primero propone modificar el artículo 1 y eliminar la frase “y otras sustancias similares” cuando la Ley habla de la prohibición del uso de mercurio, cianuro y ácido sulfúrico. En tanto, el ex intendente de Malargüe propone crear “parques mineros controlados” en aquellos lugares donde haya consenso.
“No sabemos qué impulso tomará la reforma, pero tenemos la intención de que este debate siga en 2020”, agregó el empresario minero.
Alerta ambientalista
Las organizaciones que defienden la 7.722 a rajatabla están decididas a resistir cualquier “ablande” de la Ley, que incluso fue ratificada por la Suprema Corte cuando fue tildada de inconstitucional.
Eduardo Sosa, ex jefe de Gabinete de la secretaría de Ambiente y quien renunció por disidencias con la actual gestión, aseguró que hay una “troica” conformada por el Ejecutivo, legisladores y empresarios mineros que sistemáticamente “trabajan para la derogación o reforma de la Ley”. En este sentido, sostuvo que este grupo “hoy es mayoritario en la Legislatura”, por lo que seguramente se avanzará en la discusión del tema.
“El lobby minero no lo veo mal porque ellos representan a sus intereses. Pero hay que sincerar las posiciones, porque el problema es que hablan y afirman que representan a la ciudadanía”, destacó.
En este sentido, aseguró que hay una “mayoría silenciosa que defiende el agua y que no es un pequeño grupo de inadaptados o bulliciosos, como dice este Gobierno”.
En tanto, Carlos Russo, de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (Ampap), opinó que Hierro Indio “es la punta de lanza para reformar la 7.722 y entrar de lleno con la megaminería en Mendoza”.
“Sabemos que hay conversaciones entre el Ejecutivo y la oposición para sacar las leyes adelante, pero vamos a resistir. Sería una barbaridad luego de 10 años, que saquen una ley que cuida el ambiente y evita la contaminación del agua”.
Uranio, oro, cobre, plata y plomo
La Camem tiene una carpeta con casi 20 proyectos, pero sólo cuatro están avanzados. Uno es Cerro Amarillo (cuya exploración se intentó aprobar en 2014 con Hierro Indio pero fracasó), la mina de cobre que se explotó en la década del ‘70 durante cuatro años.
Otro es San Jorge, en Uspallata, una mina de cobre y oro que tiene prefactibilidad económica (en 2011 se archivó la Declaración de Impacto Ambiental en la Legislatura por pedido del entonces candidato a gobernador, el peronista Francisco Pérez).
Por su parte, Paramillos (también en Uspallata) tiene plomo, plata y zinc; y Don Sixto (ex La Cabeza), oro en una zona que comparten San Rafael y Malargüe.
El resto se dividen en dos minas de uranio, Sierra Pintada y Agua Botada; cinco proyectos en exploración perforados, como Paramillos Norte y Sur (cobre), Las Choicas (cobre), Santa Clara (oro) y Yalguaraz (cobre); y otros 9 en exploración pero sin perforaciones, como Picos Bayos (cobre), Papagallos (cobre y oro), Universidad (cobre), Elisa (cobre), El Seguro (cobre), Matancillas (cobre), Cajón Grande (cobre), Quebrada Amarilla (cobre) y Malargüe (cobre y oro).