Ley de Glaciares marca un punto de inflexión para el desarrollo minero en Argentina tras la reciente aprobación de su reforma en la Cámara de Diputados, con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, luego de más de 11 horas de debate legislativo. El cambio al Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares (Ley 26.639) introduce una redefinición clave del objeto de protección y fortalece las atribuciones provinciales, un aspecto particularmente relevante para San Juan, una de las principales jurisdicciones mineras del país. En este nuevo escenario, autoridades locales anticipan mayor claridad regulatoria y certezas para avanzar en proyectos que, hasta ahora, enfrentaban restricciones por la falta de definiciones precisas sobre áreas glaciares y periglaciares.
Evaluación ambiental: sin cambios estructurales, pero con mayor precisión técnica
Desde el Ministerio de Minería de San Juan, el titular de la cartera, Juan Pablo Perea, explicó que la reforma no implica modificaciones sustantivas en la estructura de los Informes de Impacto Ambiental (IIA). Estos ya contemplan la caracterización de ambientes glaciares y periglaciares cuando corresponde.
No obstante, se introduce un elemento clave: si durante la evaluación se detecta la necesidad de intervenir geoformas inventariadas, la autoridad ambiental deberá requerir la intervención del Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares. Este organismo designará especialistas para realizar evaluaciones específicas, elevando el estándar técnico en la toma de decisiones.
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Además, se refuerza la importancia de los estudios de “tercer nivel”, que permiten profundizar el conocimiento sobre determinadas geoformas. Aunque no serán obligatorios en todos los casos, la autoridad podrá exigirlos cuando estime que la información de base es insuficiente.
Rol clave del Consejo Provincial de Glaciares
El Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares se consolida como la autoridad competente en la aplicación de la normativa tanto a nivel provincial como en su articulación con la ley nacional. Su función será central en varios ámbitos:
- Autorizar la realización de estudios de tercer nivel
- Actualizar el Inventario Provincial de Glaciares
- Informar a la autoridad nacional para la actualización del inventario general
- Participar en procesos de evaluación ambiental minera
El organismo opera de manera interdisciplinaria, integrando capacidades técnicas de entidades como la Universidad Nacional de San Juan y el Instituto de Investigaciones Hidráulicas, lo que le otorga respaldo científico en la validación de estudios.
Impacto en Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA)
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En relación con las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), la reforma no introduce cambios en su tramitación. Esto se debe a que, al momento de emitir una DIA, los impactos ya han sido evaluados y los estudios específicos —incluidos los de tercer nivel— han sido previamente realizados.
Sin embargo, el Consejo Provincial pasará a tener un rol más activo como evaluador dentro de las comisiones técnicas, especialmente en proyectos en fase de explotación o exploración avanzada. Esto refuerza el control técnico sin alterar los tiempos administrativos de aprobación.
Mayor certeza para proyectos en desarrollo
Uno de los efectos más relevantes de la reforma es la reducción de la incertidumbre que enfrentaban múltiples proyectos mineros en etapas de prefactibilidad. Según explicó Perea, la falta de claridad sobre si determinadas áreas podían ser intervenidas impedía avanzar en diseños de ingeniería y planificación.
Con la nueva normativa, la definición sobre la relevancia hídrica —y, por tanto, el nivel de protección de ciertas geoformas— permitirá distinguir con mayor precisión entre zonas efectivamente críticas y aquellas que no cumplen funciones esenciales dentro del sistema glaciar.
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Esto podría traducirse en:
- Mayor avance de proyectos desde prefactibilidad a factibilidad
- Reducción de riesgos regulatorios
- Mejor planificación de inversiones
- Aceleración en etapas de construcción y explotación
Un nuevo equilibrio entre protección y desarrollo
La reforma busca establecer un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo productivo, un debate histórico en regiones cordilleranas. Para San Juan, donde la minería representa un pilar económico, el nuevo marco normativo abre la puerta a una “segunda etapa minera”, con mayor certidumbre jurídica.
No obstante, el éxito de su implementación dependerá de la rigurosidad técnica en la evaluación de proyectos y de la capacidad institucional para garantizar que la flexibilización normativa no comprometa recursos hídricos estratégicos.
