«Las estadísticas muestran que las tasas de delito con mayor connotación social (robo con fuerza, robo con violencia, lesiones, homicidios) se concentran en las principales regiones mineras (Antofagasta, Atacama y Tarapacá), probablemente derivado de la crisis de migración irregular y narcotráfico, que es caldo de cultivo para el crimen organizado.»
Durante años se ha venido registrando robo de cobre principalmente en las rutas de transporte desde las minas a los puertos. Lo que comenzó con asaltos esporádicos ha ido dando paso a una acción delictual sofisticada, con bandas apoyadas por medios relevantes como camionetas de última gama, grúas y equipos de comunicación. La violencia también ha ido in crescendo pues los últimos atracos han ocurrido con armamento de alto impacto y con maltratos que han amenazado la integridad de los trabajadores. Esto llevó a paralizar el servicio a Ferrocarril Antofagasta-Bolivia, la principal compañía de trenes que presta servicio a la minería en el norte, con lo cual se ha puesto en riesgo la crucial cadena logística de la minería del país.
Solo algunas horas después del último asalto se reportó el hallazgo del botín, una parte en Arica, presto a ser “exportado” a Perú donde sería blanqueado de alguna forma, y otro en Coquimbo, lugar donde se intentaría comercializar camuflado en alguna forma de chatarra metálica. La celeridad en la acción policial es elogiable, pero la pregunta es por qué este éxito en tiempo récord ocurre solo cuando se alcanza una situación crítica que obliga a una empresa a reaccionar y no se logró actuar antes, con lo cual se podría haber evitado la escalada del crimen y el fortalecimiento que alcanzaron las bandas especializadas en este delito.
