Chile está marcando un hito en la transición energética. En 2024, el 41% de la generación eléctrica del país proviene de energías renovables no convencionales, como solar, eólica, biomasa y geotérmica. Esta capacidad instalada supera los 15.000 MW, consolidando al país como un referente en América Latina. Sin embargo, este avance plantea desafíos importantes, especialmente para cumplir con las metas fijadas para 2025 en el marco del Acuerdo de París, que incluyen aumentar significativamente la participación de energías limpias y reducir las emisiones de carbono de manera sostenida.
Uno de los retos más inmediatos radica en la regulación del almacenamiento energético. El Reglamento De Transferencias De Potencia, actualmente en proceso de modernización por el Ministerio de Energía, busca optimizar la remuneración de tecnologías como las baterías. Soluciones como esta no solo equilibran la intermitencia de las renovables, sino que también aumentan la flexibilidad y estabilidad del sistema, por lo que el desarrollo de esta normativa no es un lujo, sino una necesidad en un país donde la capacidad de transmisión y la demanda energética están en constante expansión.
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Para entender la importancia de estos temas, basta recordar que el consumo eléctrico en Chile ha crecido un 3,5% anual en promedio durante la última década. Si a esto sumamos que el país busca ser carbono neutral para 2050, la eficiencia energética se convierte en un pilar estratégico. Es aquí donde las tecnologías digitales, como los sistemas avanzados de gestión energética y las redes inteligentes, juegan un rol clave. Estas herramientas permiten monitorear, predecir y optimizar el uso de energía, mejorando la sostenibilidad y la competitividad del sector.
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