Hace poco más de un año, Codelco y el consorcio chileno-bielorruso Belaz-Movitec (CBM) hicieron noticia por el bullado término anticipado de contrato en Rajo Inca, uno de los proyectos estructurales de la principal productora de cobre a nivel mundial, que busca extender la vida útil de la División Salvador en más de 40 años.
Fue el 1 de febrero de 2023 cuando Codelco adoptó la drástica decisión, en medio del complejo panorama productivo de la minera estatal. El caso escaló tanto a instancias diplomáticas como judiciales, donde la Corte Suprema terminó acogiendo el recurso de protección presentado por CBM, el que había sido rechazado inicialmente por la Corte de Apelaciones de Santiago. El fallo del máximo tribunal ordenó la restitución del saldo de la boleta de garantía, que superaba los $11.400 millones, y en julio, Codelco le transfirió al consorcio más de $6.900 millones de los fondos que se mantenían retenidos, tras financiar el pago de los finiquitos a los cerca de 700 trabajadores que prestaban servicios al consorcio entre la estatal bielorrusa Belaz y la chilena Movitec.
Sin embargo, el enfrentamiento entre Codelco y CBM sumó un nuevo y desconocido capítulo, y que se reveló en el marco de la comisión investigadora especial de la Cámara de Diputados. En una carta enviada por el presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco, dando respuesta a uno de los oficios presentados por la instancia legislativa en el marco de sus atribuciones, se detallan los procedimientos involucrados respecto al cobro de la boleta de garantía.
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