Perú. Un proyecto de ley que busca reducir de 30 a 15 años el plazo de vigencia de concesiones mineras inactivas ha encendido las alertas de la industria, que advierte un impacto potencial de hasta US$60.000 millones en inversiones. La iniciativa, actualmente en debate en el Congreso peruano, apunta a acelerar el uso de derechos mineros, pero ha sido interpretada por el sector como una señal de incertidumbre regulatoria en uno de los principales productores de cobre del mundo. El debate refleja tensiones estructurales en la minería regional, donde los tiempos de desarrollo y la estabilidad jurídica son factores críticos.
Reducción de plazos: el eje del conflicto
El proyecto plantea reducir a la mitad el tiempo que las empresas pueden mantener concesiones sin desarrollar, pasando de 30 a 15 años. El objetivo de los impulsores es evitar la acumulación de derechos mineros sin actividad y fomentar su aprovechamiento por operadores más pequeños.
Sin embargo, desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) advierten que esta medida desconoce la naturaleza de los proyectos mineros, que pueden requerir décadas desde la exploración hasta la producción. Gonzalo Quijandría, vicepresidente del gremio, calificó la iniciativa como un “golpe para la minería formal”, señalando que podría desalentar inversiones de largo plazo.
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El argumento central es que acortar los plazos aumenta el riesgo para las compañías, especialmente en etapas tempranas donde aún no se confirma la viabilidad económica de los yacimientos.
Informalidad y competencia por el territorio
Uno de los efectos más sensibles del proyecto es su potencial impacto en la expansión de la minería informal. Según la industria, la reducción de plazos podría facilitar la ocupación de concesiones por operadores ilegales o informales, intensificando conflictos en zonas ricas en recursos.
Desde la SNMPE advierten que la medida podría generar una “invasión de concesiones”, en un contexto donde la minería ilegal ya representa un desafío significativo para el país. Este fenómeno se ha visto agravado por retrasos en proyectos formales y por la creciente competencia por el acceso a áreas mineralizadas.
El conflicto refleja una dualidad persistente en Perú: mientras el país es uno de los mayores productores de cobre, oro, plata y zinc a nivel global, enfrenta dificultades para formalizar su actividad minera en todos los niveles.
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Inversión y contexto político
El debate se produce en un momento clave, previo a las elecciones generales del 12 de abril, lo que añade un componente político a la discusión. Algunas propuestas, como la del candidato Rafael López Aliaga, plantean incluso revocar permisos de exploración para redistribuirlos, lo que incrementa la incertidumbre en el sector.
Para la industria, el riesgo es claro: cambios abruptos en las reglas del juego pueden afectar la competitividad de Perú frente a otros destinos mineros, especialmente en un contexto global donde la inversión en minerales críticos se intensifica.
Este punto es especialmente relevante considerando que los proyectos mineros requieren horizontes de planificación de largo plazo y altos niveles de certeza regulatoria para su desarrollo.
Un equilibrio complejo entre desarrollo y acceso
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El trasfondo de la iniciativa revela una tensión estructural entre eficiencia en el uso de recursos y la necesidad de atraer inversión. Mientras algunos sectores buscan acelerar el desarrollo de concesiones, la industria insiste en que los tiempos geológicos y técnicos no pueden ajustarse a plazos administrativos más cortos.
El desafío para Perú será encontrar un equilibrio que permita aprovechar su riqueza mineral sin comprometer la inversión formal ni fomentar la expansión de actividades informales.
La señal es clara: en un mercado global cada vez más competitivo, la estabilidad regulatoria sigue siendo uno de los activos más valiosos para atraer capital minero. Y cualquier cambio en ese equilibrio puede tener efectos significativos en el futuro del sector.
