Iniciativas en San Juan, Catamarca, Salta y Mendoza podrían acelerar su desarrollo tras cambios normativos que otorgan mayor certeza ambiental y regulatoria al sector minero.
La reciente modificación a la Ley de Glaciares en Argentina comienza a mostrar sus primeros efectos en la industria minera, particularmente en el desarrollo de grandes proyectos de cobre que permanecían en etapa avanzada, pero enfrentaban incertidumbre regulatoria. Según el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, la reforma introduce un elemento clave para el sector: certeza jurídica y ambiental.
“Para las empresas mineras, esto es una certeza. Se va a saber si se va a poder hacer o no una actividad productiva”, afirmó el dirigente en conversación con EconoJournal, destacando que la nueva normativa clarifica el tratamiento del ambiente periglaciar y fortalece la autonomía de las provincias en la evaluación de proyectos.
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Entre los principales beneficiados se encuentran seis iniciativas de clase mundial, principalmente concentradas en la provincia de San Juan. En esa región destacan los proyectos El Pachón, Los Azules, José María y Filo del Sol, estos dos últimos integrados en el denominado distrito Vicuña, donde se proyecta una inversión conjunta cercana a los US$ 7.100 millones por parte de BHP y Lundin.
A estos se suma el proyecto Altar, también en San Juan, aunque en una etapa menos avanzada de prefactibilidad. En paralelo, la cartera de proyectos se amplía hacia el noroeste argentino, donde en Catamarca se ubica el proyecto MARA (Minera Agua Rica – Alumbrera), uno de los desarrollos más relevantes del país y que podría movilizar inversiones cercanas a los US$ 4.000 millones.
En la provincia de Salta, en tanto, el proyecto Taca Taca, liderado por First Quantum Minerals, contempla un desembolso estimado de hasta US$ 5.250 millones. Finalmente, en Mendoza se identifica el proyecto San Jorge, de menor escala, pero igualmente relevante para la diversificación productiva regional, con una inversión comprometida de US$ 559 millones.
Certeza regulatoria y evaluación en terreno
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Uno de los cambios más relevantes de la reforma es la redefinición del alcance del ambiente periglaciar, el cual —según Cacciola— generaba ambigüedades en la normativa anterior. La nueva ley mantiene intacto el objetivo de proteger los glaciares como reservas estratégicas de agua, pero permite distinguir con mayor precisión aquellas zonas donde es posible desarrollar actividad productiva sin comprometer recursos hídricos.
En este contexto, el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) seguirá siendo clave en la elaboración del inventario glaciar, aunque ahora se abre espacio a validaciones en terreno para resolver discrepancias. “Si una zona cumple una función hídrica estratégica, no se podrá intervenir; de lo contrario, se podrá compatibilizar el desarrollo productivo con el cuidado ambiental”, explicó.
Impacto económico y proyección sectorial
De acuerdo con datos de la Secretaría de Minería, Argentina cuenta actualmente con nueve proyectos avanzados de cobre que, en conjunto, superan los US$ 28.000 millones en inversión potencial. La reactivación de estas iniciativas resulta estratégica para un país que dejó de producir cobre a gran escala en 2018, tras el cierre de Bajo la Alumbrera.
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