- El royalty minero distribuye $56.633 millones a 309 comunas, iniciando la primera cuota correspondiente a 2026.
- El Fondo Comunas Mineras beneficia a 45 territorios con actividad extractiva, mientras que el Fondo de Equidad Territorial alcanza a 302 comunas.
- La correcta ejecución y seguimiento de los recursos son cruciales para reducir desigualdades territoriales y mejorar la calidad de vida en las comunidades.
El royalty minero comenzó a desplegar sus efectos concretos en el territorio con la transferencia de $56.633 millones a 309 comunas del país, marcando el inicio de la primera cuota correspondiente a 2026. Este flujo de recursos, que forma parte del nuevo esquema de tributación aplicado a la gran minería, busca fortalecer el financiamiento municipal y reducir brechas estructurales entre territorios. La distribución considera tanto a comunas directamente vinculadas a la actividad extractiva como a aquellas que, sin presencia minera, enfrentan limitaciones presupuestarias relevantes. En un escenario de alta demanda por inversión en seguridad, infraestructura y recuperación de espacios públicos, la llegada de estos fondos abre un margen de acción inmediato para los gobiernos locales, consolidando uno de los principales compromisos de política pública asociados al sector minero.
Distribución de fondos y criterios de asignación
De los $56.633 millones transferidos, $13.729 millones corresponden al Fondo Comunas Mineras (FCMI), beneficiando a 45 territorios con actividad extractiva activa, mientras que $42.904 millones fueron asignados a través del Fondo de Equidad Territorial (FET), alcanzando a 302 comunas a lo largo del país.
El diseño de estos instrumentos responde a dos objetivos principales:
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- Compensar a las zonas directamente impactadas por la actividad minera.
- Reducir brechas fiscales entre municipios con distintas capacidades de generación de ingresos.
En el caso del FCMI, la selección de comunas se basa en criterios técnicos definidos por la Comisión Chilena del Cobre, que consideran tanto la ubicación en regiones mineras como la presencia de operaciones sujetas al impuesto específico a la minería.
Impacto en gestión municipal y prioridades locales
Desde el Ejecutivo, el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, enfatizó que estos recursos buscan entregar herramientas concretas a los municipios para enfrentar demandas urgentes, especialmente en materias de seguridad y recuperación de espacios públicos.
En la misma línea, el subsecretario de Minería, Álvaro González, subrayó que el royalty permite materializar un “círculo virtuoso” donde la riqueza generada por la minería se traduce en mejoras directas en la calidad de vida de las comunidades, particularmente en zonas históricamente vinculadas a la actividad extractiva.
Para los municipios, esta inyección de recursos implica mayor autonomía en la definición de proyectos y prioridades, en un contexto donde la presión por gasto social ha ido en aumento.
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Alcance estructural del royalty minero
El royalty minero contempla una distribución anual cercana a los US$ 450 millones hacia regiones y comunas, consolidándose como una de las principales herramientas de descentralización fiscal en el país. Su implementación ha sido observada de cerca tanto por actores del sector minero como por autoridades locales, dado su potencial impacto en el desarrollo territorial.
Entre las principales líneas de inversión que se proyectan destacan:
- Proyectos de seguridad ciudadana.
- Mejoramiento de infraestructura urbana y rural.
- Recuperación de espacios públicos.
- Programas de desarrollo productivo local.
Desafíos en ejecución y seguimiento
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Pese al impacto positivo esperado, uno de los desafíos clave será la capacidad de ejecución de los municipios, especialmente en comunas con menor dotación técnica. La correcta utilización de los recursos y la priorización eficiente de proyectos serán determinantes para asegurar que el royalty cumpla su objetivo de reducir desigualdades territoriales.
Asimismo, el seguimiento del uso de estos fondos será un elemento central para evaluar su efectividad en el mediano plazo, en un contexto donde la ciudadanía demanda resultados tangibles en áreas críticas.
La transferencia de esta primera cuota marca el inicio de un proceso que, de sostenerse en el tiempo, podría redefinir la relación entre la minería y el desarrollo local en Chile.
