“Hoy día, como estamos invisibilizados, la normativa regulatoria no hace distingo y no se hace cargo de este segmento y al revés, lo carga y lo sobrerregula de manera absolutamente inconcebible e inexplicable. Se aplica para la obtención de los permisos los mismos criterios, los mismos estándares y la misma normativa que las grandes mineras que procesan hasta 50 veces
más mineral, lo que no tiene explicación. Entonces resulta extraño que la autoridad, que está buscando reactivar la economía, el crecimiento, no impulse y no haga foco en él, permitiendo su desarrollo”, lamenta Argandoña.
Según los cálculos de la industria, el tema de la permisología genera una presión importante, que puede inmovilizar producción, con costos de entre dos y tres dólares por tonelada. Al tratarse de proyectos de menor cantidad de recursos mineros, no se pueden apalancar iniciativas para 20 años, obligando a las empresas a entrar cada cuatro o cinco años a la tramitación ambiental.
“Aquí se requiere de una normativa ad hoc que les permita a estas empresas poder dar estos saltos en producción, y en paralelo, que los estándares también vayan incrementándose. Pero no podemos partir con el yunque arriba de la espalda que no nos deja movernos. Entonces, esa es la única manera de que Chile pueda, de alguna manera, capturar el valor que hay en el cobre en los próximos años, que permita el desarrollo de este segmento en forma prioritaria”, resume Argandoña.