Tía María vuelve al centro del debate minero en Perú tras la decisión del gobierno de revocar el permiso previamente otorgado al proyecto de cobre de US$ 1.800 millones, obligando a una nueva evaluación técnica y legal. La iniciativa, liderada por Southern Copper —controlada por Grupo México—, enfrenta así un nuevo revés en su extenso historial de conflictos sociales y regulatorios. El Ministerio de Energía y Minas peruano argumentó que la aprobación original carecía de sustento jurídico suficiente y presentaba vacíos técnicos relevantes, reabriendo un proceso que podría redefinir tanto el futuro del proyecto como la confianza de los inversionistas en el país. La decisión llega en un momento clave para América Latina, donde la competencia por minerales críticos como el cobre se intensifica en medio de tensiones geopolíticas y una creciente demanda global.
Observaciones técnicas y revisión integral
El Ministerio de Energía y Minas del Perú indicó que el permiso otorgado anteriormente no cumplía con estándares regulatorios exigidos, señalando deficiencias en aspectos como el diseño de botaderos y la programación del proyecto. La nueva revisión buscará determinar si las observaciones pendientes han sido resueltas y si la iniciativa cumple con los requisitos legales y técnicos para avanzar.
Este proceso implica, en la práctica, una pausa en el cronograma del proyecto, que ya había sido postergado en múltiples ocasiones. Hasta octubre de 2025, la compañía estimaba un avance de 23% en su desarrollo.
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Un historial marcado por conflictos sociales
Tía María es uno de los proyectos más emblemáticos —y controvertidos— del sector minero peruano. Entre 2011 y 2015, enfrentó intensas protestas sociales que dejaron seis fallecidos y obligaron a suspender su ejecución. Aunque el gobierno aprobó el proyecto en 2019, condicionó su avance a la recuperación de la estabilidad social en la zona.
Recién en 2024, y tras una disminución de las tensiones, Southern Copper retomó actividades, proyectando iniciar producción entre fines de 2026 y comienzos de 2027. Sin embargo, la reciente revocación del permiso vuelve a poner en duda ese calendario.
El proyecto contempla una producción estimada de:
- 120.000 toneladas de cobre anuales
- Vida útil proyectada de 20 años
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Impacto en la inversión minera y el contexto político
El caso de Tía María refleja desafíos estructurales para la minería en Perú. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía, existen cerca de US$ 7.000 millones en proyectos de cobre paralizados, mientras que las exportaciones ilegales de oro podrían alcanzar los US$ 12.000 millones en 2025.
A ello se suma un escenario político incierto, marcado por elecciones presidenciales y una alta rotación de autoridades en los últimos años. Este contexto podría influir directamente en la estabilidad regulatoria y en la capacidad del país para atraer nuevas inversiones.
América Latina en la disputa por minerales críticos
La decisión también se inscribe en un escenario global donde potencias como Estados Unidos buscan asegurar el suministro de minerales estratégicos, mientras China mantiene una fuerte presencia en la región. En este marco, proyectos como Tía María adquieren relevancia no solo económica, sino también geopolítica.
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Para Perú, uno de los mayores productores de cobre del mundo, la capacidad de destrabar iniciativas emblemáticas será clave para sostener su competitividad frente a otros países mineros de la región, como Chile.
El futuro de Tía María dependerá ahora de una nueva evaluación técnica y del contexto social y político que la rodea, en un momento donde cada proyecto cuenta en la carrera global por el cobre.
