La trazabilidad del oro volvió a quedar bajo presión en Estados Unidos después de que una investigación de The New York Times vinculara parte del metal presente en su mercado con redes criminales en Colombia, incluyendo material que habría ingresado a la cadena de suministro de la US Mint.
El circuito que expone la fragilidad del control
El reportaje describe una ruta conocida en la minería ilegal latinoamericana: extracción en zonas bajo influencia de grupos armados, paso por intermediarios, documentación aparentemente válida y posterior integración del metal en cadenas formales. El problema no está solo en la extracción, sino en la capacidad del oro para mezclarse, fundirse y perder trazabilidad antes de llegar a refinerías, compradores institucionales o mercados financieros.
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El caso se conecta con alertas previas sobre la minería ilegal en Colombia, donde el control territorial de grupos armados y la comercialización informal han tensionado la capacidad estatal para verificar el origen real del metal.
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Según la investigación, parte de ese oro habría terminado en la cadena de abastecimiento de la US Mint, organismo que acuña monedas de inversión y que opera bajo exigencias legales respecto del origen estadounidense del metal utilizado. La Casa de Moneda atribuyó la situación a sus proveedores, mientras estos apuntaron a intermediarios. Todos aseguraron haber dejado de aceptar oro colombiano.
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Tesoro ordena revisión y el foco apunta a proveedores
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ordenó revisar los procesos de adquisición de oro de la US Mint para verificar el cumplimiento de la normativa vigente y reforzar la integridad del mercado. La revisión se produce en un momento en que la trazabilidad de metales preciosos ya no es solo un asunto comercial, sino también de cumplimiento, seguridad económica y riesgo reputacional.
El propio informe financiero 2025 del Departamento del Tesoro reconoce que la US Mint compra más de US$500 millones en oro al año y que durante poco más de 20 años no solicitó ni obtuvo documentación de refinadores sobre el origen del oro adquirido. El documento también señala que el organismo debía mejorar sus controles, revisar documentación de refinerías aprobadas y desarrollar un plan para cumplir la ley en la producción de monedas de oro.
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Ese punto es central: no basta con que el metal llegue a una refinería formal si el origen inicial no puede ser verificado. La discusión es similar a la que se ha abierto en la región sobre la trazabilidad del mineral, especialmente en los eslabones donde el material gana valor económico y puede ingresar al circuito legal.
Colombia aparece como proveedor relevante del mercado estadounidense
Los datos comerciales muestran la magnitud del vínculo. Para 2024, los registros WITS del Banco Mundial reportan exportaciones colombianas de oro no monetario sin labrar por US$3.906,7 millones, de los cuales US$1.434,6 millones tuvieron como destino Estados Unidos. En términos prácticos, el mercado estadounidense fue uno de los principales receptores del oro colombiano.
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Ese volumen ayuda a entender por qué la revisión no se limita a un caso puntual. Si el oro ilegal puede mezclarse con producción legítima y moverse con documentación aparentemente regular, el control debe operar antes de la exportación, durante la refinación y en la compra final. La experiencia de otros mercados también apunta en esa dirección, como mostró el intento de Zimbabwe de implementar un sistema de trazabilidad para frenar el contrabando de oro.
Riesgo financiero y presión sobre la cadena global
El caso se suma a investigaciones previas sobre oro ilegal de América Latina que terminó en refinerías y mercados formales tras ser mezclado con producción declarada como legítima. La dificultad está en que el oro, por su valor, portabilidad y facilidad de fundición, permite borrar señales físicas de origen con mayor rapidez que otros commodities mineros.
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El riesgo también alcanza al sistema financiero. Un reporte de WWF y Themis indicó que 84% de las instituciones financieras opera en al menos un segmento o área de negocio considerada de alto riesgo frente a exposición a minería ilegal. El mismo informe advirtió brechas en revisión de clientes, políticas internas y capacitación específica.
Tras la publicación del reportaje, el Departamento del Tesoro confirmó la revisión de los estándares de abastecimiento y el endurecimiento de criterios de compra de la US Mint. El punto bajo revisión es si los proveedores pueden demostrar, con documentación efectiva y controles verificables, que el oro usado por la Casa de Moneda cumple con la normativa de origen exigida en Estados Unidos.



