El proyecto Vicuña, considerado uno de los diez mayores depósitos de cobre del mundo, enfrenta su primera prueba de resistencia institucional seria. Una resolución dictada el 16 de abril de 2026 por la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, ordenó suspender por 30 días las actividades de Vicuña Corp. en territorio riojano y bloqueó el corredor logístico Guandacol —más de 200 kilómetros de vía estratégica entre ambas provincias—, tal como quedó documentado en la suspensión judicial dictada por la provincia de La Rioja. La joint venture 50/50 entre BHP y Lundin Mining, con US$7.000 millones comprometidos hasta obtener el primer concentrado de cobre en 2030, debió improvisar una ruta alternativa por Iglesia, en San Juan, para sostener la operatividad en el corto plazo.
El megadistrito que reposicionaría a Argentina en el mapa cuprífero mundial
Vicuña Corp. integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en la cordillera sanjuanina a escasa distancia del límite con la Región de Atacama. El complejo pertenece a un corredor metalífero que se extiende hacia Chile y cuya magnitud lo coloca entre los activos más relevantes de la próxima década en materiales críticos. Los números proyectados respaldan esa lectura: producción anual promedio de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata durante los primeros 25 años de operación, sobre una inversión total estimada de US$18.000 millones.
La etapa inicial concentra el desarrollo de Josemaría a cielo abierto, con una planta concentradora cuya capacidad se ampliará progresivamente para integrar Filo del Sol. La extensión de la vida útil de Josemaría a 25 años, anunciada en julio de 2025 tras confirmar mayores niveles de recursos explotables, ya había marcado un hito en la planificación estratégica del proyecto. Argentina no produce cobre desde el cierre de Alumbrera en 2018; Vicuña representa su apuesta más ambiciosa para reingresar al mercado global.
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El fallo que detuvo más que una ruta provincial
La medida cautelar firmada en Chilecito no solo interrumpió el tránsito minero: instaló retenes policiales en suelo riojano y dejó al proyecto sin su principal corredor logístico. La Fiscalía de Estado de La Rioja, impulsora de la acción judicial, exige que Vicuña Corp. presente una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) integral ante las autoridades provinciales, argumentando que la operación afectará territorio riojano situado a poco más de un kilómetro de la futura mina.
La empresa respondió que no había recibido notificación formal y que los trabajos continuaban con normalidad. Un portavoz de la compañía indicó a Reuters que la Policía de La Rioja bloqueó la ruta señalando que obedecía una orden judicial, pero sin presentar la resolución formal al operador del proyecto. Vicuña sostiene que la explotación principal se desarrollará en San Juan y que en 2025 entregó una actualización parcial del permiso ambiental vinculada exclusivamente al uso de la carretera.
Regalías, renta y soberanía: el trasfondo político del conflicto
Detrás de la disputa ambiental hay un litigio económico y territorial de fondo. Las regalías mineras, estimadas en un 3%, serán percibidas por San Juan en su calidad de provincia donde se localizan los recursos. La Rioja, que no recibirá participación directa en esos ingresos pero soporta parte de la carga logística y ambiental, aspira a una porción de la renta y a que empresas y mano de obra locales sean incorporadas a la cadena de valor, según reportó Infobae al cubrir el conflicto interprovincial.
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El gobernador de San Juan respondió públicamente que defenderá los recursos de su provincia «con la ley en la mano», subrayando que la jurisdicción sobre el subsuelo está definida por normativa vigente desde hace más de 50 años. El conflicto escala en un momento políticamente sensible: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), del que Vicuña podría beneficiarse, contempla mecanismos de arbitraje internacional para controversias que involucren decisiones de jurisdicciones subnacionales, un escenario que ninguna de las partes desea activar.
El flanco chileno: desalinización y mineroducto pendientes de definición
La dimensión transfronteriza de Vicuña no se agota en la frontera San Juan–La Rioja. El proyecto contempla potenciales instalaciones de refinado y desalinización en el lado chileno, en la Región de Atacama, para abastecer de agua a la operación de alta cordillera. Esa infraestructura —que incluiría un mineroducto de largo recorrido— sigue pendiente de definiciones regulatorias y ambientales en Chile. El ritmo de compromisos de capital ya anticipaba una inversión que podría superar los US$800 millones solo en 2026, cifra que el conflicto actual pone bajo presión.
La participación chilena en la cadena de valor de Vicuña —desde infraestructura portuaria hasta suministro energético y gestión hídrica— depende en parte de que el proyecto supere sus obstáculos regulatorios en Argentina. Sin acuerdo interprovincial, la planificación integrada del corredor andino pierde tracción y con ella las oportunidades de negocio para proveedores y servicios del norte chileno.
Cronograma bajo presión: 2027–2028 como fecha bisagra
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El inicio formal de obras está estimado para el período 2027–2028, con el primer concentrado de cobre proyectado para 2030. Ese cronograma supone que el conflicto judicial y político entre La Rioja y San Juan se resolverá antes de que comiencen los desembolsos más cuantiosos de capital. Si la disputa se prolonga o escala a instancias federales —o eventualmente al arbitraje internacional que habilita el RIGI—, los plazos corren el riesgo de estirarse con consecuencias directas sobre el flujo de inversión y los compromisos con contratistas locales e internacionales.
BHP y Lundin Mining tienen el respaldo financiero y técnico para administrar retrasos: son dos de las mayores mineras del mundo, con carteras de activos que les permiten sostener la presión en el corto plazo. La pregunta que se instala en la industria regional es si el cronograma que el mercado ya ha descontado resiste la incertidumbre regulatoria que hoy pesa sobre uno de los proyectos cupríferos más ambiciosos de la región andina. San Juan y La Rioja continúan en diálogo, pero sin acuerdo formal. Por ahora, la suerte del mayor distrito de cobre de Argentina se dirime tanto en los tribunales como en las negociaciones entre gobiernos provinciales que apuntan en direcciones opuestas.
