La instancia de la Convención Constituyente aprobó y despachó el Estatuto Constitucional sobre Minerales. Al respecto, los representantes de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo hicieron un llamado al Pleno a evitar que se debilite el régimen jurídico de la minería y sus encadenamientos productivos, lo que terminará afectando de manera irreversible el sector productivo más importante del norte de Chile.
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La Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó y despachó el sábado recién pasado el Estatuto Constitucional sobre Minerales, en el cual se sustentará la futura actividad minera del país y sus encadenamientos productivos.
Tras analizar su contenido, las cuatro asociaciones de industriales de la Macrozona Norte (AII-Tarapacá, AIA-Antofagasta, Corproa-Atacama y Cidere-Coquimbo) criticaron duramente la normativa aprobada por tratarse de un texto “confuso y contradictorio, que genera más dudas que las necesarias certezas que requiere la industria para desarrollarse sustentablemente en nuestros territorios”.
Alertaron que “se modificó la redacción de las iniciativas ya aprobadas en general, para dejar fuera conceptos que no estaban logrando el consenso necesario en el Pleno de la Convención y que resultaban controvertidos ante la ciudadanía, como la nacionalización o la extinción de la propiedad de las concesiones mineras actuales, pero se introdujeron conceptos ambiguos, que sin decirlo derechamente, permitirán importantes grados de control de la administración de turno sobre los fundamentos de la actividad, erosionando gravemente la certeza jurídica que requiere la minería”.
Marko Razmilic, presidente de la AIA, comentó “a primera vista parece una propuesta más moderada que la anterior. Pero al revisarla en profundidad vemos con preocupación que se sustituyeron las palabras “concesiones mineras” por “autorizaciones administrativas”, las que serán otorgadas por un órgano estatal, por un tiempo determinado, excluyendo que exista derecho de propiedad sobre ese permiso para operar”.
Con este contexto, el presidente de la AII, Leopoldo Bailac hizo un llamado al Pleno para que “no permitan que se debilite el régimen jurídico minero, ya que terminará paralizando la inversión. Este estatuto ataca al corazón de la actividad minera y sus encadenamientos productivos en las regiones del norte de Chile. Y no solo desconoce las particularidades de nuestra realidad histórica y productiva, sino que además, no aprovechamos la valiosa oportunidad de incentivar el desarrollo de una industria minera sustentable, transparente, inclusiva y cuidadosa del medio ambiente”.
Merma de la certeza jurídica
“A diferencia de la normativa actual, la propuesta votada por la Comisión de Medio Ambiente cambia la temporalidad de las concesiones. La minería trabaja a largo plazo, son proyectos complejos, que se desarrollan en 30 – 40 años, por lo que necesitan de certeza jurídica para invertir y operar. Lo propuesto, justamente va en sentido contrario”, explicó el presidente de Corproa, Daniel Llorente Viñales.
“El 82% del cobre chileno se produce en nuestros territorios. De los US$68.925 millones en inversiones mineras que ha proyectado Cochilco hacia 2030, un 29% se realizará en Antofagasta, un 26% en Atacama, un 15% en Tarapacá y un 10% en Coquimbo. Es decir, el 80% de las inversiones que representamos como macrozona quedan en un punto de suspensión. Por ejemplo, durante el primer trimestre de 2022 el monto total de iniciativas sometidas a tramitación ambiental (SEA) descendió un 16% frente a igual periodo del año anterior. De esta manera, se presentaron 159 proyectos, por un monto total de US$11.658 millones, comparado con las 228 iniciativas ingresadas con un valor de US$13.954 millones, en el mismo lapso de 2021”, señaló Francisco Puga, presidente de Cidere.
Los cuatro representantes de los gremios industriales explicaron que se están cimentando las bases de un régimen jurídico minero débil y precario, que terminará dándole un certero tiro de gracia al actual régimen de concesiones y a la industria minera chilena. “Ya no serán los tribunales de justicia los que otorguen las concesiones mineras, sino una entidad administrativa dependiente de la autoridad de turno, la que entregará un permiso transitorio, el que puede caducar o revocar, sin que aún estén definidos los motivos para aquello”, aseveraron.
Cidere, Corproa, AIA y AII agrupan a más de 600 asociados de empresas grandes, medianas y pequeñas de servicios, energías limpias, transportes, puertos, turismo, alimentación y una diversa lista articulada por un factor común: la minería. Por lo mismo han decidido seguir de cerca los avances en el estatuto constitucional de la minería. “Esperábamos una nueva Constitución descentralizadora que facilitaría una distribución más equitativa de las oportunidades, pero vemos con desilusión que podría terminar no solo estancando el crecimiento del país, sino aumentando el nivel de desigualdad y pobreza”, concluyeron.
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