Las comunidades indígenas se han convertido en una piedra en el zapato en la negociación del acuerdo entre SQM y Codelco por el contrato para extraer litio del Salar de Atacama más allá del 2030. Y es que representantes de los pueblos atacameños se mostraron contrarios al ingreso de la minera estatal en la cuenca, por considerar que la corporación «no es muy confiable en su relación con las comunidades», «ha hecho mucho daño al medio ambiente» y tiene el poder de inhibir la fiscalización de las autoridades.
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El presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Wladimir Reyes, rechazó el ingreso de Codelco a la explotación del litio del Salar de Atacama debido a que la empresa estatal «no es muy confiable en su relación con las comunidades» y además tiene una «gran influencia en el Estado, por ejemplo, la DGA (Dirección General de Aguas) ha sido muy permisiva con Codelco», en especial el Alto El Loa, donde según el dirigente «ha hecho y desecho en la extracción de aguas que se ocupan el la agricultura y además ha hecho mucho daño al medioambiente en Calama, es cosa de ver el smog de la ciudad».
Wladimir Reyes, presidente consejo de Pueblos Atacameños.
Wladimir Reyes señaló que «con Albemarle tenemos buenas relaciones porque tenemos una MTP (Mesa de Trabajo Permente) donde se tratan todos los temas» en tanto que con SQM, precisó que esta minera no metálica «ha entregado beneficios en salud, educación y está en contacto con las comunidades de manera permanente», aunque la relación con el Consejo mismo el vínculo no es tan directo.
Por lo mismo, ante la pregunta de si las comunidades prefieren vincularse con las empresas privadas, Reyes no dudó en responder que «sí, porque como empresa estatal no llega a acuerdos con las comunidades».
Sandra Cruz Reales, presidenta de la comunidad de Socaire, señaló que las razones del rechazo a Codelco para que opere en el Salar se deben a tres motivos.
El primero, «el prontuario ambiental negativo a nivel nacional y con las Comunidades Atacameñas cercanas en Calama y Alto El Loa».
En segundo lugar, la «potencial impunidad en su actuar futuro, al menos contra SQM y Albemarle los organismos del Estado y la justicia actúan, en cambio con Codelco la experiencia dice que no ha sido ni será así».
En tercer término, la dirigenta señaló que «no tiene sentido desde el punto de vista de recaudación del Estado, hay mejores mecanismos, que permiten recaudar más y con menos riesgo para el Estado».
La relación con las comunidades indígenas es clave en este acuerdo. La Estrategia Nacional del Litio, por la cual se mandató a Codelco a ingresar a este negocio, señaló expresamente que «un aspecto clave de la Estrategia es el avanzar en el ordenamiento del marco institucional en torno al litio y los salares, que permita el desarrollo y crecimiento de la industria con un mínimo de impacto en los salares y pleno respeto a las comunidades y pueblos indígenas».
En ese marco, la ministra de Minería, Aurora Williams, inició un proceso de diálogos y participación con los diversos actores. El pasado 5 de septiembre se realizó la primera reunión con el Consejo de Pueblos Atacameños, donde asistió, entre otros, el dirigente Wladimir Reyes.
Comunidad colla
Ariel León, ex asesor de la comunidad colla Pai Ote, que está en conflicto desde 2022 con Minera Salar Blanco -que fue adquirida por Codelco en US$ 244 millones- por en el Salar de Maricunga, dijo en un seminario sobre el litio realizado ayer, que los pueblos originarios tienen «un déficit de confianza enorme con el Estado». Es más, señaló que tienen una «relación traumática», con éste.
