La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) aprobó una solicitud clave para el futuro de la minería del litio en Chile. Minera Tarar SpA, filial de Codelco, recibió autorización para extraer hasta 2.500.000 toneladas de litio metálico equivalente (LME) entre el 1 de enero de 2031 y el 31 de diciembre de 2060, como parte de la alianza entre la estatal y SQM en el Salar de Atacama.
Aprobación de la CChEN asegura continuidad operativa
La autorización otorgada por la CChEN permitirá a la futura sociedad conjunta operar sin interrupciones en el Salar de Atacama, al continuar las operaciones de SQM Salar hasta el año 2030 y dar paso a Codelco a partir de 2031. Esta medida representa un paso fundamental dentro del acuerdo entre ambas compañías.
Desde Codelco indicaron que el límite autorizado podría incrementarse hasta 3.018.507 toneladas de LME por año, siempre que se presente un informe respaldado por una Resolución de Calificación Ambiental. De concretarse, se posibilitaría la producción y comercialización de hasta 330.000 toneladas de carbonato de litio equivalente en un plazo estimado de 30 años.
Además, la CChEN aprobó que parte de la extracción se anticipe al 1 de enero de 2029, para evitar disminuciones en la producción provocadas por desfases entre la extracción de salmuera y la venta del litio procesado.
Valoración desde Codelco
El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, valoró positivamente la resolución, destacando que permite asegurar la continuidad del proyecto conjunto. En sus palabras, representa “una excelente noticia para Chile”.
Pacheco también reconoció el trabajo de la CChEN, afirmando que la evaluación técnica y ambiental del proyecto fue realizada con rigor y profesionalismo por los equipos especializados del organismo.
Críticas desde el Congreso y cuestionamientos al acuerdo
En paralelo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe elaborado por la comisión investigadora sobre el acuerdo entre Codelco y SQM. Con 96 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones, el documento de 45 páginas recomienda dejar sin efecto la alianza, argumentando posibles perjuicios fiscales y una falta de transparencia en el proceso.
Según el informe, la decisión de optar por un trato directo con SQM y no realizar una licitación internacional habría impedido al Estado recibir un ingreso inmediato estimado en 6.700 millones de dólares. En cambio, los beneficios económicos del acuerdo quedaron condicionados a las ventas y precios del litio en el mercado internacional.
El texto también cuestiona directamente a ambas empresas y a la Corfo, calificando como “una mentira y una mala fe pública” la afirmación de que habría un vacío productivo entre el término del contrato con SQM y la llegada de un nuevo operador.
Entre las recomendaciones se incluye finalizar el acuerdo, revisar y ampliar la consulta indígena para garantizar una participación efectiva de las comunidades involucradas, y llevar a cabo una licitación pública, internacional y transparente.
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