En audiencia especial se constata el estado de cumplimiento de la conciliación entre el CDE y la Compañía Minera Candelaria
En una audiencia especial, los ministros del Primer Tribunal Ambiental observaron los avances en la ejecución de la conciliación entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Compañía Minera Candelaria. Este acuerdo fue aprobado en enero de 2021 y abarca medidas de investigación, reparación y compensación por daño ambiental.
Avances en la conciliación
Tras la demanda presentada por el CDE contra la compañía minera, se estableció que ambas partes debían informar cada dos años sobre el progreso en la implementación de las medidas acordadas. En abril de 2025, se entregó un informe detallado sobre el estado actual de cumplimiento. Sin embargo, hubo discrepancias con respecto a una de las medidas, donde la Dirección General de Aguas (DGA) señaló que la conducción de agua al río Copiapó y al Parque Kaukari estaba parcialmente cumplida, pero con un detalle técnico relevante.
Interpretaciones divergentes
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El CDE mencionó que, si bien se cumplía con las descargas comprometidas, surgieron discrepancias en la llegada del agua al Parque Kaukari. La DGA detectó que, a pesar de la descarga realizada, el agua no alcanzaba el punto estipulado. Por su parte, la minera argumentó que cumplía con los requisitos acordados y responsabilizó a terceros por la interferencia con la infiltración del agua.
La disputa sobre el cumplimiento
El abogado del CDE, Nicolás Escobar, resaltó la construcción de un canalón destinado a garantizar el flujo de agua al parque, señalando que el objetivo principal era beneficiar el acuífero del río Copiapó. Mientras tanto, la empresa minera defendió su postura, asegurando haber cumplido con todas las obligaciones según las directrices acordadas y validadas por la DGA.
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Resolución pendiente
Tras esta audiencia, el tribunal deberá analizar los antecedentes presentados y determinar si la conciliación se ha cumplido de manera satisfactoria. El ministro Alamiro Alfaro destacó la importancia de monitorear y garantizar la implementación efectiva de medidas ambientales para ambas partes involucradas.
El seguimiento activo de este proceso contribuye a preservar el equilibrio entre las obligaciones ambientales y las responsabilidades de las empresas en sus operaciones.
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