La reciente reforma de pensiones ha introducido el Beneficio por Años Cotizados, una ayuda crucial para los pensionados.
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Criterios y montos del Beneficio por Años Cotizados
Establecido para apoyar a quienes han dedicado años a la cotización en el sistema de pensiones, el Beneficio por Años Cotizados emerge como un complemento vital a la jubilación. Una política diseñada para aliviar la carga financiera en la vejez, este beneficio se calcula con precisión: por cada 12 meses de cotización, el beneficiario recibe 0,1 UF. Sin embargo, el esquema establece un tope claro, limitando el beneficio a 2,5 UF por mes, equivalente a 25 años de cotizaciones, garantizando así un apoyo sustancial pero equitativo.
El acceso a este beneficio está marcado por una distinción de género en términos de cotizaciones necesarias. Las mujeres deben haber contribuido por al menos 120 meses (10 años), mientras que los hombres necesitan un mínimo de 240 meses (20 años) para calificar. La disposición de hasta 300 meses de cotizaciones, ya sean continuas o discontinuas, refleja una adaptabilidad del sistema para reconocer diversos historiales laborales, abarcando así una gama más amplia de beneficiarios.
Proceso de pago y elegibilidad
A diferencia de otros beneficios gubernamentales, el Beneficio por Años Cotizados destaca por su esquema de distribución automática. A partir de enero de 2026, quienes cumplan con los requisitos de cotización recibirán este beneficio sin necesidad de postulación previa. Esta automatización asegura que todos los pensionados elegibles reciban el apoyo financiero sin complicaciones adicionales. El pago del beneficio se efectuará conjuntamente con la pensión mensual, garantizando que los beneficiarios tengan un único y esperado ingreso.
La edad también juega un papel crucial en la elegibilidad. Solo los pensionados de 65 años o más, ya sea a través de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) o una compañía de seguros, y que hayan alcanzado los umbrales de cotización requeridos, pueden acceder a este beneficio. Este enfoque no solo simplifica el proceso administrativo al vincular la elegibilidad al estado de jubilación, sino que también asegura que el beneficio apoye a quienes han entrado plenamente en la etapa de retiro.
