Si bien el lunes de esta semana Bank of America había enviado a sus clientes un informe analizando las implicancias del borrador de la nueva Constitución -en un primer acercamiento en el reporte regular que realiza con su mirada sobre los diversos desarrollos en los mercados en la región-, en esta jornada dedicó otro documento pero en forma exclusiva al texto en Chile, en que profundizó su visión crítica al eventual nuevo marco normativo para las inversiones.
Esto, pese a destacar nuevamente que fue “evitado el peor escenario” pensado al inicio del proceso constitucional.
“Persisten los riesgos para la economía, a pesar de que se evita el peor de los casos“, se titula el informe de 15 páginas elaborado por Sebastián Rondeau, en el que advierte que si bien el borrador “es mejor que lo esperado hace tres meses”, parte de su contenido implica un “significativo riesgo para la inversión, “ya que podría derivar en mayores costos de producción, endurecer las regulaciones y los riesgos legales”.
“Derechos sociales más robustos pueden ayudar a estabilizar la situación social, pero conducir a una mayor carga fiscal. Los cambios en el sistema político podrían reducir los controles y equilibrios. El principio de sostenibilidad fiscal es una buena noticia, ya que apoya la implementación gradual”, parte destacando el reporte.
Y si bien enfatiza que la “mayoría de las ideas radicales quedaron fuera”, como por ejemplo, la expropiación de todas las actividades mineras, Rondeau ve “riesgos” para la inversión en artículos relacionados con mercados laborales, derechos de propiedad, regulaciones y recursos naturales (incluyendo sindicatos, áreas protegidas, permisos de agua).
“El proyecto facilita la creación de empresas estatales. Establece fuerte protección y la creación de tribunales ambientales en cada región. La implementación podría conducir a procesos más costosos y riesgos legales”, agrega el análisis.
El panorama por sectores
BofA analiza las implicancias del borrador constitucional para ocho tópicos específicos: minería, derechos de agua, expropiaciones, derechos y tierras indígenas, la opinión del gobierno, protección ambiental, empresas estatales y energía.
En minería, el documento apunta a artículos que generan “incertidumbre”, como el que establece que todas las actividades mineras están excluidas en glaciares, áreas protegidas y otras áreas (a ser determinadas por leyes futuras). También el que fija que las empresas mineras tienen que destinar recursos para reparar los daños causados y los pasivos ambientales.
“Si la definición de glaciares es estricta y se limita a los glaciares áreas en el sur, podría reducir el impacto potencial. Sin embargo, hay incertidumbre sobre las definiciones de áreas en la ley”, dice BofA.
En cuanto a los derechos de agua, el documento apunta a la característica de “no comercializable” del vital elemento y los posibles límites de tiempo del uso del agua, señalando que genera “ruido”.
“Varias empresas mineras ya estaban invirtiendo para procesar agua salada anticipándose a la escasez de agua. Esto reduce los riesgos incluso si representa mayores costos”, apunta Rondeau.
Mientras que en cuanto al sector energético, el borrador sostiene que las personas tienen derecho a un nivel vital mínimo de energía asequible y que el Estado debe garantizar la equidad y no discriminación en el acceso a la energía. Asimismo, el Estado debe regular y promover una matriz energética diversificada, basado en energías renovables de bajo impacto ambiental.
“Desde nuestro punto de vista, esto puede impulsar los subsidios a la energía y crear riesgos para el cobro de facturas de energía. Tomamos nota de que el gobierno ya ha fortalecido los fondos para estabilizar los precios de los combustibles y propuso un fondo de subsidios cruzados (de ricos a pobres) para electricidad”, agrega el economista en su análisis.
“En medio de los riesgos de inversión mencionados anteriormente y la incertidumbre de implementación, creemos que los inversionistas retrasarán algunas decisiones de inversión, especialmente en proyectos grandes y a largo plazo. Los riesgos de inversión y una mayor carga fiscal probablemente conducirían a un menor crecimiento potencial”, sostiene el informe.
Fuente: Diario Financiero
