El Gobierno amplió el alcance de las ayudas paliativas frente al alza de los combustibles e incorporó a los furgones escolares como nuevos beneficiarios de un bono mensual de $100.000 durante seis meses. La medida, impulsada en medio de la tramitación legislativa del proyecto que busca mitigar el impacto del encarecimiento energético, fue confirmada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Con esto, el Ejecutivo responde a la presión por incluir a un segmento clave del transporte menor que, hasta ahora, no estaba contemplado en los beneficios diseñados para taxis y colectivos, pese a enfrentar un alza sostenida en sus costos operacionales. La iniciativa se da en un contexto de fuerte volatilidad internacional en los precios del petróleo, lo que ha repercutido directamente en el valor de las bencinas y el diésel en Chile, afectando tanto a transportistas como a usuarios.
Extensión del beneficio y condiciones del bono
La indicación presentada por el Ministerio de Hacienda replica el esquema ya definido para taxistas y taxis colectivos, extendiéndolo a los operadores de transporte escolar bajo condiciones similares.
El beneficio considera:
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- Pago mensual de $100.000 por vehículo
- Duración de seis meses consecutivos
- Transferencia a través del Instituto de Previsión Social (IPS)
- Depósito mediante medios electrónicos habilitados por el Estado
El proyecto establece que el pago se realizará una vez emitida la resolución con la nómina oficial de beneficiarios, siguiendo los procedimientos administrativos vigentes.
Requisitos para acceder al aporte estatal
Tal como ocurre con otros segmentos del transporte menor, el acceso al bono estará condicionado a la formalización del servicio.
Entre los criterios considerados:
- Estar inscrito en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros
- Operar como transporte escolar autorizado
- Cumplir con la normativa vigente del sector
Este enfoque busca asegurar que los recursos lleguen a operadores regulados y activos dentro del sistema formal.
Tramitación legislativa con discusión inmediata
El proyecto ya fue aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y avanzó a la Sala para su votación. La iniciativa cuenta con “discusión inmediata”, lo que implica un plazo acotado de seis días para su despacho completo en el Congreso.
Este mecanismo refleja la urgencia del Ejecutivo por implementar rápidamente medidas de alivio ante el impacto del alza de los combustibles, fenómeno que ha generado presión tanto en el transporte público menor como en servicios esenciales asociados a la movilidad diaria.
Contexto: presión de costos y respuesta fiscal
La inclusión de los furgones escolares se enmarca en un escenario de incremento sostenido en los precios de los combustibles, lo que ha elevado significativamente los costos operativos del transporte.
El Gobierno ha optado por una estrategia de apoyo directo, focalizado y transitorio, buscando contener el impacto en sectores sensibles sin comprometer de forma permanente el gasto fiscal.
Con esta ampliación, el universo de beneficiarios se acerca a cubrir de manera más integral al transporte menor, en un contexto donde la volatilidad internacional sigue marcando la pauta de los precios energéticos y, por extensión, del costo de vida.
