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Cámara de Diputados aprueba Comisión Investigadora por irregularidades en la División Salvador de Codelco

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La instancia, solicitada por la diputada Daniella Cicardini, analizará la adjudicación de un contrato por movimiento de tierra y mineral adjudicado a la empresa Trepsa Cerro Alto.

Por 72 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó iniciar una Comisión Investigadora por las eventuales irregularidades en el proceso de licitación de un contrato por el servicio de movimiento de materia tierra y mineral adjudicado a la empresa Trepsa Cerro Alto.

La instancia, que fue solicitada por la diputada Daniella Cicardini, investigará las denuncias realizadas por el Sindicato de Trabajadores contratistas de la operación, que denunciaron la existencia de equipos subutilizados -por errores en el cálculo del plan minero- y un posible mayor valor, de entre 30% y 50%-según fuentes- respecto al contrato anterior que estaba adjudicado a la empresa Santa Elvira, de propiedad del Grupo Prado. Este último acuerdo, además, fue finalizado antes que terminara el plazo comprometido (junio de 2018), tras detectarse diversas anomalías.

Cabe recordar, que las primeras denuncias frente a las anomalías en los trabajos realizados por Santa Elvira se iniciaron en 2015, tras lo cual en octubre de 2016, Codelco realizó una auditoria interna para revisar los estados de pago de los contratos adjudicados a dicha empresa, con el fin de asegurar que lo pagado correspondía a los servicios prestados.

En ese contexto, habrían nacido dudas respecto del volumen de servicios prestados y los recibidos y pagados. Así como también, respecto a los rendimientos de los equipos, dado a que se alejaban de la práctica habitual de la industria, lo que implicaba un sobrepago.

En ese sentido, fuentes consultadas, señalaron que el valor del contrato con Santa Elvira alcanzaba los US$ 7 millones mensuales, pero que estos podrían haber estado incluso por debajo de los US$4 millones.

Los antecedentes también fueron presentados a la Contraloría General de la República, que aún no se ha pronunciado respecto a una eventual fiscalización.

Fuente Pulso
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