La moción parlamentaria establece una compensación a favor del Estado por la extracción del cobre y el litio.
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A pesar de haber sido objeto de reserva de constitucionalidad, tanto de parte del Ejecutivo como de algunos diputados oficialistas, la Sala de la Cámara aprobó el proyecto de parlamentarios oficialistas que crea un royalty minero a favor del Estado por la explotación del cobre y del litio.
Por 91 votos a favor, 36 en contra y 15 abstenciones, se aprobó en general la iniciativa parlamentaria que «establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio», equivalente al 3% del valor nominal de los minerales extraídos.
Tras la votación en general, el proyecto fue devuelto a la Comisión de Minería de la Cámara Baja, pues se le han ingresado algunas indicaciones. Una de ellas de la Democracia Cristiana, que fue clave en el resultado de la votación.
Renta básica y universal de emergencia
La indicación del falangismo reemplaza el inciso primero de proyecto de artículo único, por otro que crea Un Fondo de Convergencia Regional que financiará proyectos de desarrollo regional y comunal en la forma que determine el reglamento; proyectos que contemplen medidas de
reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales provocados por la actividad minera, en las comunas en donde se encuentren los yacimientos respectivos de donde se extraiga el mineral; y, para financiar una renta básica y universal de emergencia en el contexto
del estado de excepción constitucional, decretado en 2020, y sus sucesivas prórrogas.
Y agrega al inciso final, que el Presidente de la República deberá ingresar al Congreso, dentro de 15 días desde la publicación de la presente ley, un proyecto en el que establecerá la renta básica y universal de emergencia, a la que hace mención el inciso primero, que no podrá establecer criterios de focalización socioeconómica que excluya de ésta a más del 10% de la
población nacional.
También presentaron indicaciones la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y el Partido Comunista (PC).
Aunque la oposición celebró a aprobación de la iniciativa, tanto los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda, como del Minería, Juan Carlos Jobet, reiteraron la postura del gobierno, en cuanto el proyecto es inconstitucional. Pero fue el subsecretario de la Segpres, Max Pavez, quien
hizo oficialmente la reserva de constitucionalidad, porque la materia que aborda es de exclusiva atribución del Presidente de la República, ya que al hablar de «compensación» –explicó- , se infiere que es un tributo al Estado; y porque , entre otras cosas, vulnera «todos los principios de orden público en materia tributaria».
Sonami: «Es una decisión desacertada»
Tras la votación en el Congreso, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, lamentó la decisión de la Cámara de Diputados que aprobó la idea de legislar el proyecto. «Es una decisión desacertada y una demostración que el mundo político está mirando el corto plazo, lo cual va en sentido contrario de lo que deben ser las políticas públicas, particularmente para el sector minero y el país», sostuvo Hernández en un comunicado.
Además, para el ejecutivo, es «lamentable que los diputados y diputadas hayan preferido atender argumentos populistas y poco realistas, en lugar de argumentos técnicos que avalan el efecto negativo que tendría para el sector la aplicación de un royalty a las ventas».
Cabe recordar que el gremio minero concurrió la semana pasada a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja donde planteó la necesidad de mantener el sistema de royalty actualmente vigente, ya que resulta más conveniente para el país que el proyecto en discusión.
En esa instancia, el presidente de Sonami expresó que en la eventualidad que se apruebe, aumenta la carga tributaria del sector que ya es una de las más altas del mundo y al ser ad valorem «equivale a subir la ley de corte. Esto es grave pues transforma en antieconómico los yacimientos de leyes más bajas».
«Esperamos que en los siguientes procesos de tramitación de este proyecto, de discutida constitucionalidad, prime la cordura y se mantengan las reglas para recuperar la inversión en este periodo post pandemia, ya que es fundamental enviar señales claras de seguridad jurídica a los inversionistas», sostuvo.
