La iniciativa de BHP busca extender por 20 años la vida operacional de la faena, con una producción máxima estimada de 130.000 toneladas anuales de cátodos de cobre y un nuevo sistema hídrico basado en aguas residuales tratadas.
El proyecto de extensión operacional de Cerro Colorado entró formalmente a la etapa de calificación ambiental en la Región de Tarapacá, luego de superar la revisión de admisibilidad de su Estudio de Impacto Ambiental. La iniciativa, impulsada por Compañía Minera Cerro Colorado Ltda., filial de BHP, considera una inversión estimada de US$1.500 millones y apunta a reactivar una faena que permanece en paralización temporal parcial desde noviembre de 2023.
La entrada a calificación no constituye una aprobación ambiental. Marca, más bien, el inicio de la revisión técnica de fondo por parte de los organismos públicos con competencia en la materia. En esta fase se evaluarán los componentes mineros, hídricos, eléctricos, territoriales, ambientales y sociales de una iniciativa que busca prolongar la operación por aproximadamente 20 años.
Para la minería chilena, el avance de Cerro Colorado tiene una lectura que supera el caso puntual de una faena. Se trata de un activo cuprífero ubicado en una región minera estratégica, con infraestructura existente, experiencia operacional acumulada y un diseño que incorpora soluciones hídricas distintas a las utilizadas históricamente por parte de la gran minería en zonas de estrés hídrico.
Un proyecto para recuperar producción de cobre en Tarapacá
Cerro Colorado es una operación de cobre a rajo abierto ubicada en la comuna de Pozo Almonte. El proyecto en evaluación considera la reactivación de la faena mediante el mejoramiento y ampliación de instalaciones mineras, además de la implementación de un nuevo sistema de suministro hídrico.
El plan productivo contempla una capacidad inicial cercana a 20 millones de toneladas de mineral por año, con una expansión progresiva hasta un máximo de 30 millones de toneladas anuales. Bajo ese diseño, la operación podría alcanzar una producción máxima estimada de 130.000 toneladas anuales de cátodos de cobre.
La explotación del rajo se proyecta durante los primeros 13 años de operación. Luego, en los últimos siete años, el procesamiento se sostendría con mineral acumulado en acopios, principalmente material hipógeno. Esta configuración busca extender la vida útil del activo sin depender de una extracción continua desde el rajo durante todo el ciclo operacional.
El proceso considera lixiviación, extracción por solventes y electroobtención, la ruta tradicional para producir cátodos de cobre de alta pureza a partir de minerales oxidados y secundarios. En términos industriales, la eventual reactivación permitiría sumar nueva oferta de cobre refinado desde el norte de Chile en un momento en que el mercado global sigue presionado por la demanda asociada a electrificación, redes, energías renovables y electromovilidad.
La evaluación ambiental entra en su fase clave
El Servicio de Evaluación Ambiental de Tarapacá solicitó pronunciamiento a 19 organismos públicos, entre ellos entidades con competencias en aguas, minería, agricultura, energía, patrimonio, biodiversidad, salud, obras públicas y asuntos indígenas. El plazo fijado para la entrega de informes sectoriales es el 20 de agosto de 2026.
Esta etapa será determinante para medir la suficiencia técnica del Estudio de Impacto Ambiental y de las medidas propuestas por el titular. Los servicios deberán revisar el cumplimiento normativo, los permisos ambientales sectoriales aplicables y la forma en que el proyecto aborda sus impactos significativos.
El EIA identifica 53 impactos ambientales, de los cuales 12 fueron clasificados como significativos. Estos se vinculan principalmente con flora y vegetación, fauna terrestre, arqueología y medio humano. El componente social concentra la mayor cantidad de impactos significativos, con ocho identificados en el estudio.
Entre las medidas consideradas se incluyen rescate y trasplante de flora amenazada, conservación de germoplasma, rescate y relocalización de reptiles, habilitación de rutas alternativas y programas de rescate, registro y puesta en valor arqueológico. La profundidad con que estos compromisos sean evaluados será relevante para el resultado del proceso y para la relación futura del proyecto con su área de influencia.
Agua tratada y nueva infraestructura hídrica
Uno de los ejes centrales del proyecto es su sistema de abastecimiento de agua industrial. La propuesta considera comprar aguas residuales tratadas a un proveedor externo autorizado y conducirlas hasta la faena mediante un acueducto soterrado de aproximadamente 105 kilómetros.
El sistema tendría una capacidad de diseño de 191 litros por segundo, dos estaciones de bombeo y un reservorio de 56.453 metros cúbicos. Además, se contempla una nueva planta de osmosis inversa para generar distintas calidades de agua destinadas a los procesos mineros.
La solución hídrica será uno de los puntos más observados durante la evaluación ambiental. En Tarapacá, como en otras regiones del norte del país, el agua se ha convertido en una variable crítica para la continuidad, expansión o reactivación de operaciones mineras. El uso de aguas residuales tratadas puede abrir una alternativa de abastecimiento industrial con menor presión sobre fuentes continentales, aunque su viabilidad dependerá de la trazabilidad del suministro, la infraestructura asociada, la estabilidad operacional del sistema y la evaluación de sus efectos territoriales.
Para la industria, este componente también tiene valor estratégico. La minería chilena enfrenta una transición hídrica que exige reducir dependencia de acuíferos, mejorar eficiencia en recirculación, incorporar fuentes no convencionales y diseñar infraestructura compatible con estándares ambientales más exigentes.
Energía, construcción y adaptación operacional
En materia eléctrica, el proyecto utilizaría inicialmente infraestructura existente. Sin embargo, para alcanzar la capacidad de procesamiento de 30 millones de toneladas por año, se requerirá una nueva línea de transmisión de 220 kV entre Nueva Pozo Almonte y Nueva Cerro Colorado.
La fase de construcción considera una duración total de 7,7 años, dividida en dos períodos. El primero, de 3,5 años, busca habilitar las instalaciones necesarias para iniciar operación. El segundo, de 4,2 años, permitiría llevar el sistema hasta su máxima capacidad de procesamiento.
Este tipo de cronograma refleja la complejidad de reactivar una faena de gran escala bajo nuevos parámetros ambientales, hídricos y energéticos. No se trata solo de volver a operar instalaciones existentes, sino de reacondicionar activos, ampliar capacidades, construir infraestructura complementaria y adaptar la operación a un contexto regulatorio y territorial distinto al de sus primeros ciclos productivos.
Qué observará la industria minera
El avance de Cerro Colorado será seguido con atención por operadores, proveedores, autoridades regionales y comunidades. La tramitación ambiental de proyectos brownfield —aquellos que buscan extender o reactivar operaciones existentes— se ha convertido en una pieza clave para sostener la producción minera chilena sin depender exclusivamente de nuevos desarrollos greenfield, habitualmente más lentos, costosos y complejos.
Para Tarapacá, la eventual reactivación podría reforzar actividad económica, demanda por servicios especializados, contratación local, transporte, mantenimiento, ingeniería, energía e infraestructura. Para BHP, permitiría recuperar presencia productiva en un activo histórico de su cartera en Chile y complementar su posición en el negocio cuprífero nacional.
El resultado, sin embargo, dependerá de la calidad de las respuestas técnicas que entregue el titular durante el proceso y de cómo se resuelvan los aspectos ambientales, sociales, hídricos y patrimoniales identificados en el EIA.
Cerro Colorado entra así en una etapa decisiva: la de demostrar que una operación detenida puede volver a producir cobre bajo exigencias ambientales más altas, con una solución hídrica distinta y con una lectura territorial acorde al nuevo estándar que enfrenta la minería chilena.
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