La controvertida adquisición de Minera Tres Valles por Cevdet Caner ha desatado un complejo entramado legal.
Te puede interesar
Inicio de la controversia y acusaciones cruzadas
En abril, la minera chilena Tres Valles, situada entre Salamanca e Illapel, pasó a ser controlada por Cevdet Caner a través de la sociedad «Compañía Minera Tres Valles», con la cual adquirió la firma por US$ 12,8 millones. Este empresario turco-austríaco, vinculado al NIU Group, prometió una inversión que superaba los US$ 750 millones. No obstante, la venta fue pronto cuestionada por Kimura, el principal acreedor, quien solicitó anularla acusando un esquema fraudulento.
Kimura lanzó una querella criminal imputando administración desleal y corrupción, argumentando que otra empresa, ligada a capitales rusos, había ofrecido seis veces más por la minera. Mientras tanto, el liquidador inicial, Tomás Andrews, fue removido y reemplazado por Eduardo Godoy, quien declaró irregularidades significativas y propuso rever el proceso de venta. Estas acusaciones pusieron en marcha una cadena de eventos legales que inflamó la controversia, atrayendo a múltiples estudios de abogados y creando un escenario judicial denso y confrontativo.
Defensa y contraataque de los nuevos propietarios
Inicialmente, los representantes de CMTV y su socia legal María Eugenia Sabbagh, de Aninat Abogados, defendieron la legitimidad de la compra, alegando que el 94% de los acreedores, incluido Kimura, había aprobado la venta. Sin embargo, la situación tomó un giro cuando decidieron pasar a la ofensiva. Con la ayuda de Jorge Bofill y su equipo de Bofill Escobar Silva, introdujeron una querella en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago contra Kimura y otros abogados involucrados en el proceso de liquidación.
La querella acusa a los abogados de Kimura de falsificación de documentos y de intentar obstaculizar la gestión de CMTV para forzar financieramente la defensa judicial de la compañía. Se señala a Francisco Allendes Barros especialmente, por añadir condiciones no aprobadas en una junta de acreedores, creando así un documento fundamentalmente falso. Además, acusan al liquidador Godoy de favorecer a Kimura y de comprometer el proceso de reintegración sugerido. La respuesta de los abogados y del liquidador Godoy no se hizo esperar, prometiendo querellas por injurias y calificando las acciones de CMTV de intimidatorias y malintencionadas.
