Con más de 31 mil casos detectados en lo que va del año, ambas compañías buscan fortalecer la persecución penal y crear conciencia sobre los riesgos de las conexiones irregulares.

CGE y Alto Chile se unen para combatir el hurto de energía eléctrica

La Compañía General de Electricidad (CGE) y Alto Chile anunciaron un acuerdo de colaboración para enfrentar el delito de hurto de energía eléctrica, una práctica que compromete la seguridad, calidad y continuidad del suministro eléctrico.

El convenio contempla la presentación de denuncias y querellas ante el Ministerio Público, además de campañas de concientización dirigidas a la comunidad.

Más de 31.500 conexiones irregulares detectadas en 2024

Según informó CGE, entre enero de 2024 y abril de 2025 se han identificado 31.500 conexiones irregulares en su zona de concesión —desde Arica y Parinacota hasta La Araucanía— gracias al trabajo de 300 brigadas en terreno.

A la fecha, se han interpuesto 381 querellas y 482 denuncias por hurto de energía, con foco en los reincidentes y responsables de instalaciones clandestinas que ponen en riesgo a las personas.

Ernesto Peñafiel, director de Servicios Jurídicos de CGE, señaló que “esta alianza refuerza nuestro compromiso con la seguridad de nuestros trabajadores y clientes, fortaleciendo la lucha contra los delitos que afectan la operación regular del sistema eléctrico”.

Desde Alto Chile, el gerente legal Eduardo Hernández destacó que se ha avanzado en una estrategia de persecución penal selectiva, para visibilizar el hurto de energía como un fenómeno delictual pluriofensivo, con consecuencias severas para las comunidades.

En conclusión, la colaboración entre CGE y Alto Chile para combatir el hurto de energía eléctrica es un paso importante en la protección del suministro eléctrico y la seguridad de las comunidades. Con más de 31 mil casos detectados, se demuestra la necesidad de tomar medidas firmes y concientizar a la comunidad sobre los riesgos asociados a este delito. Ambas compañías están comprometidas en presentar denuncias y querellas para que aquellos responsables de conexiones irregulares enfrenten las consecuencias legales de sus acciones. Solo a través de la cooperación y la persecución penal selectiva se podrá acabar con esta práctica ilegal que afecta a todos.

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