Trascendió que el Ministerio de Minería y la Contraloría también han estado monitoreando. Firma había argumentado cambios en el diseño y mejoras en normas de probidad para la decisión.
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Han pasado poco más de dos meses desde que Codelco informara el 19 de diciembre -a través de un comunicado de prensa- que cancelaba la ya anunciada adjudicación del proyecto para construir una desalinizadora por US$ 1.000 millones, pero el capítulo aun no termina de cerrarse.
En la industria el caso ha generado dudas, dado lo sorpresivo que fue la medida y los acotados cambios que aparentemente se harían al diseño de la infraestructura, así como la poca claridad respecto de cuánto pesó en la decisión la situación de la constructora Techint, que unos días después de que fuera anunciada como ganadora -en el consorcio junto a Marubeni y Transelec-, una filial salió mencionada en una querella criminal presentada por ENAP a raíz de supuestas irregularidades en un proyecto de exploración petrolera en Argentina.
La situación motivó que varias de las empresas que participaron en el concurso intentaran obtener más información de la empresa, pero ahora también entró al ruedo la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que tiene entre sus funciones evaluar los proyectos de inversión y fiscalizar a Codelco, así como también a Enami.
Según fuentes de gobierno, la comisión ya hizo una solicitud amplia de información respecto a la decisión, la que debería ser resuelta en estos días.
El Ministerio de Minería también habría estado haciendo consultas sobre el tema. La Contraloría -que mantiene abierta una disputa judicial con la empresa- monitorea la situación, aunque no habría tomado ningún tipo de acción.
Una frase que ha llamado la atención del comunicado de Codelco, es que en la futura licitación se buscará “adecuar el proyecto, así como las bases y la estructura contractual, a los nuevos requerimientos de probidad y transparencia”.
Las razones que esgrimió la empresa
Entre las interrogantes que circulan es por qué no se detectaron las mejoras en diseño antes de anunciar la adjudicación del proyecto, considerando que solo la recta final del concurso se extendió por casi todo 2019.
Además, la corporación informó que “como parte de los cambios, se agregará al proyecto la distribución del agua desalada desde el reservorio en Radomiro Tomic a todos los centros de trabajo de Calama, esto es, además de RT, Chuquicamata y Ministro Hales”. Según trascendidos, este nuevo ducto tendría 18 kilómetros e implicaría recursos adicionales entre US$ 15 y US$ 20 millones.
Si el problema fuera alguna supuesta irregularidad de algunas de las empresas participantes, la duda está en por qué no se descalificó a la empresa en cuestión y se le adjudicó al segundo.
El proyecto es de vital importancia para la zona, dada la escasez hídrica del norte. Según estaba en los planes, en enero se deberían haber firmado los contratos definitivos con el consorcio, para que la unidad estuviera funcionando en 2023. Con la nueva licitación, esa fecha puede sumar 24 meses más.
La planta considera una capacidad de desalinización de agua de mar de 840 litros por segundo, con potencial de expansión a 1.956 l/s, que incluye las obras marítimas, un sistema de impulsión de agua que recorrerá más de 160 kilómetros, con tuberías y la infraestructura eléctrica necesaria para bombear el agua a más de 3.000 metros de altura, según ha informado la empresa.
Esto, bajo un nuevo modelo de negocio llamado BOOT (Build-Own-Operate-Transfer).
