La cancelación de la licitación de la desaladora de Codelco, con una inversión de US$ 1.000 millones, no sólo despierta suspicacia en territorio nacional. La firma Kirkland & Ellis -fundada en 1909-, publicó en febrero un artículo de los abogados Nathan Santamaria y Toochi Ngwangwa -ambos con oficina en Estados Unidos- con un profundo análisis del proceso. Si bien plantean que Codelco apostó por revisar la estructura del proyecto, pone especial atención a que se aludió públicamente a que había decidido reiniciar la licitación para asegurar que cumplió con los nuevos requisitos de “probidad y transparencia”.
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Aunque los abogados dicen no encontrar una explicación pública para este cambio de enfoque, ponen sobre la mesa antecedentes como una querella que apunta a Techint, quien era parte del consorcio que se había adjudicado la licitación.
En su análisis, los abogados aseguran que las preocupaciones anticorrupción son importantes para los bancos y que los inversores en proyectos, particularmente en jurisdicciones con mayor riesgo de corrupción como América Latina, deben consultar a especialistas.
