Tras el accidente en la División El Teniente, Codelco ha reforzado su colaboración con las autoridades fiscalizadoras e investigadoras. Este trabajo se desarrolla en paralelo al reinicio gradual de operaciones, un proceso descrito en detalle en la cobertura sobre la reapertura parcial de sectores, y forma parte de un plan integral que busca recuperar la normalidad sin comprometer la seguridad.
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A la fecha, la empresa enfrenta 30 requerimientos activos provenientes de distintas entidades. Entre ellos se cuentan 11 solicitudes del Sernageomin, 6 de la Dirección del Trabajo, 7 de la Fiscalía Regional, 3 de la Cámara de Diputadas y Diputados, 2 de la PDI y 1 de la Seremi de Salud. Todos han sido respondidos dentro de los plazos, salvo uno que requirió una extensión.
Fiscalizaciones y diligencias en terreno
Como parte de estas investigaciones, equipos de la PDI han ingresado a interior mina para realizar diligencias, mientras que Sernageomin y la Dirección del Trabajo han efectuado fiscalizaciones en áreas como Colón Bajo. Estas inspecciones buscan verificar las condiciones de seguridad y el cumplimiento de protocolos operativos, en línea con las medidas productivas ya retomadas, como el procesamiento de mineral y la puesta en marcha de equipos clave.
Un proceso que también tiene impacto económico y humano
El contexto de esta investigación está marcado por un fuerte impacto financiero. Las estimaciones apuntan a pérdidas cercanas a los US$300 millones, tal como se analiza en el reportaje sobre la magnitud económica del accidente. Paralelamente, Codelco mantiene un fuerte compromiso con el bienestar de las familias y trabajadores, reflejado en su plan de apoyo psicosocial, que ha beneficiado a más de 15 mil personas desde el siniestro.
