El megaproyecto de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi volvió a quedar en el centro del debate sobre permisología y certeza jurídica luego de que el Segundo Tribunal Ambiental resolviera retrotraer parcialmente su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), obligando a revisar aspectos técnicos y comunitarios vinculados a la iniciativa de continuidad operacional por US$ 3.200 millones. La decisión judicial generó una inmediata reacción de sus controladoras, Anglo American y Glencore, quienes señalaron que la minera “está solicitando una aclaración completa al tribunal y al SEA para determinar los efectos específicos del fallo”. El proyecto, cuya planta desaladora se encuentra prácticamente terminada, busca extender por dos décadas la operación de Collahuasi y representa una de las mayores inversiones mineras actualmente en desarrollo en Chile. El fallo también reactivó las críticas del sector privado respecto de la estabilidad regulatoria y el impacto que este tipo de resoluciones podría tener sobre futuras inversiones de largo plazo en el país.
Tribunal ordena revisar observaciones ambientales y uso del borde costero
La controversia se originó tras las reclamaciones presentadas por la Asociación Indígena Wilamasi de Pescadores Mamq’uta Caleta de Chanavaya y la Asociación Indígena Aymara de Caleta Chanavaya, quienes cuestionaron parte de la evaluación ambiental relacionada con los impactos marítimos y comunitarios del proyecto. En su sentencia, el Segundo Tribunal Ambiental determinó que el titular deberá abordar nuevamente observaciones relacionadas con la línea de base del medio humano, particularmente el uso del maritorio en Punta Patache y el sector Puerto Collahuasi. El fallo también apuntó a materias técnicas vinculadas con la verificabilidad de la velocidad de succión de agua de mar y la sedimentación derivada de la descarga hipersalina en el fondo marino. Desde Anglo American y Glencore recalcaron que el proceso de autorización ambiental “se llevó a cabo conforme a la normativa local y al marco ambiental pertinente”, destacando además que el proceso de consulta indígena había sido previamente respaldado por el Comité de Ministros en agosto de 2023.
Las controladoras descartan impactos inmediatos en la producción
Pese al revés judicial, las compañías aseguraron que no prevén efectos inmediatos sobre la producción de Collahuasi. Tanto Anglo American como Glencore señalaron que la empresa continuará trabajando con las autoridades y actores involucrados para determinar los próximos pasos, manteniendo las operaciones bajo el marco legal vigente. El proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi” obtuvo originalmente su RCA en diciembre de 2021 y es considerado estratégico para sostener la producción futura del yacimiento ubicado en la Región de Tarapacá. La iniciativa contempla una importante expansión de infraestructura hídrica y minera, incluyendo la construcción de una planta desaladora y sistemas de impulsión de agua de mar. Además, durante su etapa de construcción se proyecta una capacidad máxima de aproximadamente 4.500 empleos, mientras que en operación podría sostener cerca de 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Consejo Minero advierte por señales sobre certeza jurídica e inversión
La resolución judicial también generó preocupación en el sector minero organizado. El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, afirmó que el fallo entrega una señal compleja respecto de la estabilidad del sistema de permisos en Chile. Según indicó, resulta especialmente delicado que un proyecto aprobado hace varios años, con miles de millones de dólares ya invertidos y obras prácticamente terminadas, vuelva a enfrentar incertidumbre regulatoria. Villarino sostuvo que la situación reinstala el debate sobre permisología y las dificultades estructurales para desarrollar inversiones estratégicas en el país. “Nos parece contradictorio que, mientras existe un consenso transversal sobre la necesidad de impulsar el crecimiento y destrabar inversiones, se produzcan fallos que reabren incertidumbres sobre permisos ya otorgados por el propio Estado”, afirmó. El caso ocurre además en momentos en que el gobierno de José Antonio Kast impulsa una agenda proinversión y una megarreforma enfocada precisamente en acelerar permisos ambientales y fortalecer la certeza regulatoria para grandes proyectos.
