El ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, dijo que el gobierno ha retirado el plan de introducir un impuesto del 10% sobre las exportaciones de oro incluido en el proyecto de ley de reforma fiscal presentado por el nuevo gobierno de izquierdas del presidente Gustavo Petro a principios de agosto.
La propuesta buscaba un impuesto del 10% sobre el valor de las exportaciones de oro siempre que el precio del metal superara los 400 dólares por onza.
Los beneficios de dicho plan habrían sido difíciles de medir ya que los mineros ilegales siguen sacando el metal precioso del país, dijo Petro en un evento organizado por el Centro de Estudios Económicos ANIF.
El sector aurífero también había argumentado que dicho impuesto impulsaría la exportación ilícita y reduciría la inversión en la industria, al tiempo que añadiría una barrera a los esfuerzos por formalizar a los mineros de pequeña escala y no oficiales.
Varias grandes empresas trabajan con pequeños productores de oro y el gobierno está interesado en promover la producción a pequeña escala y la economía popular, dijo Petro.
Otra propuesta que busca poner fin a la posibilidad de deducir del impuesto sobre la renta los pagos de regalías sobre la producción de oro se mantiene en el proyecto de ley.
«Las propuestas de impuestos a la exportación de carbón y petróleo se mantendrán en el proyecto de ley ya que la administración del nuevo presidente Gustavo Petro busca una mayor contribución del sector de recursos naturales para financiar el sector público y sus planes de crear un país más equitativo», dijo el ministro en un comunicado.
El gobierno busca que se aplique un impuesto del 10% a las exportaciones de carbón y petróleo sobre los ingresos obtenidos cuando cada producto supere un determinado precio. Ese umbral está fijado en 87 dólares por tonelada de carbón y 48 dólares por barril de petróleo.
La legislación propuesta por Petro podría recaudar 5.800 millones de dólares en 2023 (el 1,72% del PIB del país) introduciendo también un impuesto sobre el patrimonio, que afectaría a cerca del 2% de la población.
El gobierno ha prometido utilizar los ingresos adicionales para financiar los esfuerzos de lucha contra la pobreza, la universidad pública gratuita y otros programas de bienestar social.
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