La minería colombiana atraviesa una etapa clave mientras el gobierno de Gustavo Petro empuja cambios regulatorios para alinear el sector con la transición energética, el ordenamiento ambiental y los minerales críticos. El giro ocurre en un contexto de menor producción, presión tributaria, inseguridad en zonas mineras y una elección presidencial fijada para el 31 de mayo de 2026 por la Registraduría Nacional.
El cobre gana espacio en una canasta dominada por carbón, oro y níquel
Aunque la minería representa cerca de 2,4% del PIB colombiano, el sector se contrajo 6,2% el año pasado, de acuerdo con los antecedentes entregados. Aun así, Colombia sigue siendo un actor relevante en carbón térmico, esmeraldas, oro y níquel. Cerrejón, operada por Glencore en La Guajira, sigue entre las faenas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo; en oro destacan Segovia, de Aris Mining, y Buriticá, de Zijin Gold; y Cerro Matoso mantiene al país como el segundo productor sudamericano de níquel después de Brasil.
El nuevo foco está en el cobre. La Agencia Nacional de Minería activó a fines de 2025 una ronda sobre 14 Áreas Estratégicas Mineras para cobre, oro y polimetálicos, mientras el país formalizó el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2024-2035, que eleva la diversificación de la canasta como una prioridad sectorial. En paralelo, la ANM mantiene actualizado su listado de minerales estratégicos, donde el cobre figura entre los minerales priorizados.
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Pese a ese impulso, la base productiva sigue siendo baja. La única operación cuprífera relevante en producción es El Roble, de Atico Mining, con 9,2 millones de libras en 2025, muy lejos de las escalas de Chile y Perú. El documento sostiene que Colombia podría contar con 9,7 millones de toneladas de recursos de cobre, pero agrega que gran parte de ese potencial sigue subexplorado y sin desarrollar. En cartera aparecen proyectos como Quebradona, Alacrán, Mocoa y Guintar-Aleman-Margaritas.
Regulación, impuestos y permisos mantienen la presión sobre la inversión
El principal cuello de botella no parece ser geológico, sino regulatorio y político. El gobierno puso en marcha el Decreto 044 de 2024, que permite declarar reservas temporales de recursos naturales y suspender actividades mineras hasta por 10 años para proteger ecosistemas sensibles. A eso se sumó el debate sobre una nueva ley minera para la transición energética justa, que incorpora una visión más fuerte de ordenamiento ambiental y participación estatal.
La presión fiscal también subió. Según el texto, la reforma aprobada en diciembre eliminó la deducción de regalías del impuesto corporativo para petróleo, gas y minería, encareciendo la operación. Esa carga, junto con la incertidumbre ambiental, volvió a reflejarse en la percepción de riesgo: en la última encuesta anual del Fraser Institute, Colombia quedó en el puesto 42 de 68 jurisdicciones en atractivo general, pero en el 57 de 68 en percepción de políticas públicas.
Juan Ignacio Guzmán, de GEM, resumió así el desafío: «Colombia podría convertirse en un productor relevante de cobre, pero eso no ocurrirá solo por potencial». Eduardo Zamanillo y Marta Rivera coincidieron en el diagnóstico y advirtieron que «el cobre es una inversión de varias décadas extremadamente sensible a la incertidumbre en los plazos».
Seguridad e ilegalidad siguen alterando el escenario minero
A la discusión regulatoria se suma la expansión de la minería ilegal, especialmente en oro, impulsada por precios altos y por redes vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico. Robert Munks, de Verisk Maplecroft, afirmó que ese fenómeno «ahora representa aproximadamente tres cuartas partes de las exportaciones de oro de Colombia», y advirtió que la violencia seguirá siendo una preocupación para el sector.
En ese cuadro, la elección presidencial de mayo aparece como una prueba decisiva para la minería colombiana. El texto plantea que el próximo gobierno deberá definir si el país logra estabilizar reglas, contener la ilegalidad y destrabar inversión de largo plazo, o si mantiene un escenario de gobernanza fragmentada, mayores costos y menor previsibilidad para nuevos proyectos mineros.
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