Rechazo a las mociones en votación particular
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados concluyó la votación particular de los proyectos refundidos (boletines 15.779 y 15.787), que buscaban eliminar la unidad de fomento (UF) como mecanismo de reajustabilidad en contratos de largo plazo.
Te puede interesar
Las propuestas pretendían reemplazar la UF por pesos chilenos en contratos de educación, arriendos, salud previsional y créditos hipotecarios, con el objetivo de proteger a los consumidores frente al alza sostenida del costo de la vida.
Indicaciones que no prosperaron
Durante el debate, se discutieron diversas indicaciones que buscaban acotar el uso de la UF:
- Restringirla a contratos superiores a 12 meses.
- Prohibir reajustes combinados con el IPC.
- Exigir información clara y estandarizada para los usuarios.
Ninguna de estas propuestas logró el respaldo suficiente en la comisión. La diputada Sofía Cid argumentó que la decisión responde a recomendaciones de expertos, como el exministro de Hacienda Mario Marcel y la presidenta del Banco Central, quienes advirtieron que modificar la UF podría generar incertidumbre en los mercados financieros y encarecer los créditos hipotecarios.
Reacciones en el Congreso
El diputado Daniel Manouchehri, autor de una de las mociones, lamentó el rechazo incluso de las indicaciones que buscaban conciliar con el sector financiero, y aseguró que volverán a presentar las propuestas en la discusión en Sala.
Por su parte, el diputado Boris Barrera será el encargado de entregar el informe del proyecto al Pleno. En caso de que la iniciativa sea rechazada en general en esa instancia, no podrá ser presentada nuevamente durante un año, lo que limitaría la continuidad del debate en torno a la UF en el corto plazo.
Un debate que seguirá abierto
Aunque la comisión desestimó las propuestas, el debate sobre el rol de la UF en la economía chilena sigue vigente. Sus defensores destacan que ha permitido proteger los ahorros y créditos de la inflación, mientras que sus detractores sostienen que se ha convertido en un factor de desigualdad y encarecimiento de bienes y servicios esenciales.
