La Comunidad Atacameña de Socaire ha suspendido su participación en la consulta indígena de la Red de Salares Protegidos (RSP) del Ministerio del Medio Ambiente.
Relacionados:
Comunidad acusa vulneración de derechos territoriales
La Comunidad Atacameña de Socaire manifestó su rechazo a la propuesta del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) relacionada con la implementación de la Red de Salares Protegidos (RSP) y la aplicación de la Ley 21.600 del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Según la comunidad, el proceso ha sido “centralista, inconsulto y contrario al marco jurídico indígena”, afectando directamente tierras ancestrales en proceso de saneamiento, además de sus proyectos comunitarios y su histórica administración territorial.
Tras una Asamblea General realizada el 23 de noviembre y mediante una votación unánime, la comunidad rechazó la contrapropuesta del MMA, catalogándola de insuficiente e incompatible con sus fundamentos técnicos, territoriales y jurídicos. “El Ministerio está imponiendo figuras de protección sobre territorios que el propio Estado reconoció como ancestrales y cuyo saneamiento está en curso desde antes de la Estrategia Nacional del Litio”, declaró Rodrigo Varas Cruz, presidente de la Comunidad.
- La propuesta no respeta proyectos ni procesos de saneamiento en curso.
- Se considera incompatible con principios de buena fe hacia los pueblos indígenas.
- Pone en riesgo zonas clave para el turismo sustentable manejado por la comunidad.
Impacto en zona turística e histórica
Uno de los puntos más controvertidos es la situación de Aguas Calientes III (Piedras Rojas), una zona emblemática para el turismo sustentable dirigido por la comunidad. Según lo informado, el Ministerio plantea restringir la transferencia de tierras en esta área, limitándola a una fracción mínima y excluyendo lugares donde ya existían inversiones comunitarias como senderos, señalética, miradores y caminos.
Rodrigo Varas Cruz fue enfático al declarar: “Aguas Calientes III no es negociable. Esa área sostiene nuestro turismo, nuestra economía y nuestro proyecto de vida. La propuesta del Ministerio desconoce completamente lo que significa esta zona para nosotros y lo que el propio Estado se comprometió a regularizar”.
Exigencias de la comunidad
La comunidad exige al Ministerio del Medio Ambiente considerar los compromisos previos del Estado chileno en materia de manejo territorial en el Salar de Atacama. En este contexto, destacan estudios y acuerdos como DATURA (1998) y URAQI (2024), que identificaron polígonos específicos como territorios ancestrales. Además, reclaman que las áreas en proceso de transferencia no afectan los objetivos de conservación de la RSP, pues se encuentran fuera de las zonas ecológicas sensibles y ya son administradas responsablemente por la comunidad.
En este escenario, la Comunidad Atacameña de Socaire expone la necesidad de establecer una nueva propuesta que contemple una mesa técnica vinculante para la resolución de este conflicto, demandando pleno respeto a sus derechos territoriales y a los principios de buena fe establecidos por la normativa vigente.
