En una carta sostienen que esta convocatoria resulta «improcedente», ya que la legalidad de la resolución del Comité de Ministros «no es un asunto respecto del cual las partes de un juicio puedan disponer».
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A un día de la audiencia de conciliación que citó la Tercera Sala de la Corte Suprema por el caso de Minera Dominga de Andes Iron, organizaciones vecinales, ambientales y personas naturales que habitan en el Archipiélago Humboldt enviaron una carta al máximo tribunal de justicia, manifestando su preocupación por el llamado a conciliar entre la empresa, el gobierno y los abogados representantes de las organizaciones locales y ambientales.
Desde las comunidades temen -según se expresó en un comunicado- que el proyecto, rechazado en 2017 por sus falencias técnicas y ambientales, sea «arreglado» y finalmente se le dé luz verde a la minera que considera dos rajos abiertos, una planta desaladora y un mega puerto con una vida útil proyectada de apenas 25 años en medio de un ecosistema marino y terrestre único en el mundo.
En la misiva con fecha de este lunes, dirigida al presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, se pone el foco en la causa sobre la casación en la forma y en el fondo deducida en contra de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que resolvió dejar sin efecto la resolución del Comité de Ministros que calificó desfavorablemente el proyecto Dominga y ordenar una nueva votación.
En específico, se argumenta que el llamado a conciliación planteado por la Corte Suprema resulta «improcedente», ya que la legalidad o ilegalidad de un acto de la administración pública –como lo es, en este caso, la resolución del Comité de Ministros– no es un asunto respecto del cual las partes de un juicio puedan disponer, llegando a acuerdos que terminen el juicio.
Asimismo, agregan, que tratándose de recursos de casación en la forma y en el fondo, recurso de derecho estricto, debe cautelarse el interés público que está detrás de la ley.
«Esperamos que se aclare que no se puede pactar o conciliar sobre un asunto de interés público como este, el que debe ser sometido exclusivamente al discernimiento de los tribunales de justicia, que velan por el cumplimiento y correcta aplicación de la ley en el interés general de toda la nación», lanzaron.
Y enfatizaron que cualquier propuesta de modificación del proyecto evaluado que lo haga variar en su diseño de forma relevante, «debe pasar, irremediablemente, por una evaluación ambiental acorde a la ley, lo que implica, por cierto, la debida participación ciudadana de todos los demás actores que por diversas dificultades en el acceso a la justicia ambiental, no somos parte formalmente del procedimiento, pero que seremos afectados por el proyecto».
Según plantean, la evaluación ambiental del proyecto Dominga es «incompleta e insuficiente», faltando la evaluación de sus impactos tanto en lo relativo al impacto en el ecosistema marino, por la construcción y operación del puerto, rutas de navegación y planta desaladora, como de sus impactos en el ecosistema terrestre, por la construcción de sus rajos, afectación del acuífero Los Choros y destrucción de flora y fauna endémica y en categoría de conservación, entre otras múltiples razones.
En esa línea, se expresa que la forma de vida y fuentes de trabajo de las personas que conforman las organizaciones que firman esta carta están íntimamente ligadas a la conservación de los recursos naturales. A lo que suman que los atributos naturales del sector constituyen la identidad de la cultura como habitantes de este lugar, cuestión que resulta aún más relevante para el pueblo Chango, pueblo originario -dicen- «susceptible de ser afectado por la ejecución de este proyecto y que no ha sido en modo alguno considerado para efectos de evaluar y descartar esa afectación».
«En este contexto, la autorización para operar que se entregue a un proyecto con tales deficiencias representa un riesgo inaceptable al valioso y frágil ecosistema de la comuna de La Higuera que pone en riesgo nuestro sustento material, social y cultural», se recalca.
Fuente: Diario Financiero
