El Consejo de de Pueblos Atacameños (CPA) entregó sus primeras reacciones al cierre de la alianza entre Codelco y SQM. Si bien no se trató de un comunicado de prensa, en una comunicación interna, enviada a las 18 comunidades que conforman la entidad, su directiva encabezada por su presidente, Alexis Romero, y la vicepresidenta, Luzvenia Catur, remarcó que en el acuerdo entre la minera estatal y la privada se trata de un “acuerdo societario para la producción conjunta de litio en el Salar de Atacama”, en el cual la instancia no tuvo ninguna participación.
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“En el acuerdo societario, no participa ni suscribe el Consejo de Pueblos Atacameños ni ninguna comunidad, puesto que es un acuerdo exclusivamente entre las empresas”, indicaron en el primero de los puntos de su escrito.
Sin embargo, reconocieron que entre los días 22 y 277 de mayo se realizó un “proceso de apertura confidencial de los contratos por parte de las empresas, donde participó la directiva del CPA , además de los presidentes y representantes de las 18 comunidades, la que valoraron “como hito que permite iniciar un diálogo real y efectivo con las empresas, para resguardar la salud del salar y los derechos de las comunidades atacameñas, legítimas dueñas ancestrales del territorio”.
En esa línea, señalan que el CPA “será un férreo defensor de que cada paso que den las empresas, lo hagan con el respeto irrestricto a las normativas vigentes en particular al artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, con acuerdo de las comunidades del territorio, dueñas de la tierra por su derecho ancestral”.
Agregan que en el acuerdo se señalan “una serie de expectativas tanto de plazos, formas y montos de la explotación de litio”, pero que “por ahora, estos no dejan de ser solo deseos de las empresas.
“Por ello ratificamos lo que las propias empresas han señalado: No dimos aprobación a ningún tipo de proyecto, no se incorporaron cláusulas respecto de los actos que deben ser consultados por Corfo, no dimos viabilidad a ningún tipo de distribución de recursos, no dimos la viabilidad a ningún tipo de aprobación o acuerdo de lo que las empresas llaman “proyecto salar futuro”, enfatizaron.
