“tal y como las conocemos, agudizan la problemática de la región y de la Provincia de Huasco”

En el marco de las recientes regulaciones ambientales, como el artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.600; y el Anteproyecto de la Norma Secundaria de Calidad del Aire para Material Particulado Sedimentable (MPS) en la Cuenca del Río Huasco, el Presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, Juan José Ronsecco, dijo reconocer y valorar “la protección del patrimonio natural y la calidad del aire, elementos esenciales para el bienestar de la comunidad y la sostenibilidad de nuestro territorio”.

“Sin embargo, los alcances de estas nuevas regulaciones representan un desafío mayúsculo para la industria regional, particularmente para el sector minero. Las exigencias adicionales en los procesos de evaluación ambiental y los mayores costos operacionales demandarán una adaptación y una inversión no contemplada por parte de las empresas. Para los proyectos existentes, implica la necesidad de adecuar de manera urgente sus operaciones y tecnologías a los nuevos estándares, mientras que los futuros proyectos se enfrentarán a procesos de aprobación más complejos y a una mayor incertidumbre.

“La Ley N° 21.600 afecta a la Región de Atacama y la Macrozona Norte. Esto significa que los proyectos que se ubiquen en o cerca de los sitios prioritarios para la conservación, deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental más exhaustiva que la actual. Además, la ley también crea un marco para que la declaración de sitios prioritarios pueda ser una causal de ingreso obligatorio al SEIA, incluso si la envergadura del proyecto no lo justifica en la actualidad.

“Por su parte, la Norma Secundaria de Calidad del Aire para MPS en la Cuenca del Río Huasco tiene un impacto directo y específico al establecer límites estrictos en un área considerablemente mayor a la actual.

“Estas medidas, tal y como las conocemos, agudizan la problemática de la región y particularmente de la Provincia de Huasco. A nuestro entender, es un retroceso a lo que se ha conversado a todo nivel respecto a estimular la inversión responsable. No entendemos este ‘diálogo de sordos’, que por una parte viene a agilizar la obtención de permisos sectoriales; y por otra rigidiza los procedimientos medioambientales, dejando en punto muerto cualquier avance logrado.

“Por el contrario, creemos firmemente que el desarrollo económico y la protección ambiental no son objetivos mutuamente excluyentes.

“El impacto de iniciativas como las mencionadas ya fue comentado por CORPROA a las autoridades nacionales, locales y comunicado públicamente a toda la ciudadanía. Sin embargo, quienes toman las decisiones a nivel central han hecho caso omiso a las voces regionales y no ha existido diálogo ni apertura a explorar alternativas para impulsar un desarrollo sostenible y equilibrado en relación a la protección medioambiental y las oportunidades de la población.

“Por ello, instamos a las autoridades a trabajar en conjunto con el sector privado para lograr esos equilibrios y no comprometer la competitividad ni la inversión en la región.

“Nuestro marco regulatorio no puede ser una competencia por quién tiene la razón, sino una suma de voluntades por lograr un desarrollo sostenible y empatizar con las necesidades de los habitantes de las regiones de nuestro país. Estamos convencidos de que, a través de la colaboración y la innovación, podemos lograr los objetivos que nos impongamos, construyendo una región de Atacama que sea próspera, sostenible, competitiva y ambientalmente responsable”.