La Corte Suprema encendió las alertas sobre uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de José Antonio Kast al advertir que la propuesta de ley de Reconstrucción Nacional contiene vacíos normativos y riesgos de “incertidumbre jurídica” que podrían afectar la aplicación futura del sistema ambiental chileno. En un informe enviado a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo, el máximo tribunal realizó una revisión detallada de las reformas impulsadas por La Moneda y pidió introducir cambios relevantes antes de avanzar con su aprobación legislativa.
El documento, firmado por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, analiza especialmente las modificaciones propuestas al sistema de evaluación ambiental, las reclamaciones sobre Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y las nuevas facultades entregadas a los Tribunales Ambientales. La iniciativa forma parte del denominado plan de Reconstrucción Nacional, considerado uno de los pilares de la administración Kast y estructurado en más de 40 medidas orientadas a acelerar inversión, infraestructura, actividad económica y reformas institucionales.
Suprema cuestiona falta de precisión en reformas ambientales
Uno de los principales focos de preocupación del tribunal se concentra en la creación del nuevo artículo 24 ter de la Ley 19.300, destinado a reorganizar competencias y centralizar controversias ambientales en tribunales especializados.
Según la Corte Suprema, el proyecto presenta problemas de “precisión técnica” al no establecer claramente si las modificaciones constituyen una excepción puntual o un cambio estructural permanente dentro del sistema jurídico ambiental chileno.
El informe advierte además que el texto omite aspectos fundamentales sobre legitimación activa, es decir, quiénes estarán habilitados para presentar acciones judiciales. Para el máximo tribunal, esta ausencia podría generar interpretaciones contradictorias y debilitar la eficacia práctica de la reforma.
La observación adquiere especial relevancia en un contexto donde la discusión sobre permisos ambientales y judicialización de proyectos se ha convertido en uno de los temas centrales para sectores productivos e inversionistas. El debate se intensifica especialmente en industrias estratégicas como minería y energía, donde distintos actores han solicitado acelerar procesos regulatorios para destrabar inversiones, tal como ocurre con iniciativas ligadas a proyectos de cobre y minerales críticos en expansión.
Estado podría indemnizar inversiones privadas frustradas
Otro de los aspectos más controvertidos del proyecto es la propuesta que permitiría compensar económicamente a empresas cuyos permisos ambientales sean anulados judicialmente después de iniciadas las obras.
La norma establece que el Estado podría restituir gastos acreditados por privados afectados por la invalidación de una RCA, mecanismo que la Corte Suprema calificó como una “innovación radical” respecto del modelo tradicional de responsabilidad jurídica vigente en Chile.
El tribunal sostuvo que la redacción actual es demasiado amplia y carece de criterios suficientes para delimitar cuándo corresponde efectivamente una indemnización. Entre los requisitos que la Suprema propone incorporar aparecen:
Demostrar buena fe del titular del proyecto.
Acreditar ausencia de responsabilidad en el vicio que provocó la nulidad.
Justificar la razonabilidad de los gastos realizados.
Probar un perjuicio patrimonial desproporcionado.
Para la Corte, el esquema propuesto se acerca a una lógica de “justicia distributiva”, ya que transfiere parte importante del costo de inversiones privadas fallidas al Estado y, en consecuencia, a toda la comunidad.
El debate surge en momentos en que Chile busca equilibrar mayor certeza regulatoria con exigencias ambientales más estrictas, especialmente en sectores ligados a infraestructura, minería y energía.
Plazos para paralizar proyectos generan debate judicial
El proyecto también busca limitar las suspensiones prolongadas de obras mediante un nuevo sistema de medidas cautelares con plazos definidos. La propuesta considera un período inicial de 30 días y un máximo total de seis meses para paralizaciones judiciales.
La Corte Suprema reconoció que el mecanismo es coherente con las atribuciones de los Tribunales Ambientales, aunque advirtió que cualquier limitación temporal deberá garantizar igualmente una protección efectiva frente a daños ambientales irreversibles.
En paralelo, el informe sugirió precisar expresamente qué Corte de Apelaciones será competente para revisar determinadas reclamaciones procesales, evitando vacíos interpretativos que puedan retrasar litigios.
Pese a las críticas, el máximo tribunal reconoció que los objetivos generales del Ejecutivo son “atendibles” en cuanto buscan entregar mayor certeza y rapidez al sistema de permisos e inversión. Sin embargo, insistió en que el proyecto requiere “ajustes relevantes de coordinación normativa, precisión competencial y delimitación sustantiva de sus efectos” antes de avanzar definitivamente en el Congreso.
El pronunciamiento de la Corte Suprema agrega un nuevo componente político y jurídico a una de las reformas más sensibles del gobierno de Kast, cuyo impacto podría redefinir la relación entre inversión privada, justicia ambiental y rol regulador del Estado durante los próximos años.
