Si se acorta el tiempo de tramitación de los proyectos mineros, Chile podría producir entre 600.000 a un millón más de toneladas al año, llegando fácilmente en 2024 a superar los 6 millones de toneladas de cobre y quebrando así la tendencia de los últimos 18 años en que la producción viene cayendo sostenidamente.
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Así lo señaló el vicepresidente de Sonami, Cristián Argandoña, quien participa en la Mesa Royalty, instancia que se constituyó debido al compromiso adquirido por Hacienda y el Gobierno de reducir en un tercio la tramitación de los proyectos mineros en el contexto de la aprobación de un nuevo impuesto a la minería.
En ese marco, Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) midió cuánto tardan en aprobarse los proyectos mineros. Los resultados revelaron algo que todos sabían: los tiempos son excesivos y ahuyentan a los inversionistas, dijo Argandoña.
“El mundo tiene una necesidad acuciante de minerales críticos para la transición energética: al 2050 se necesitan 39 millones de toneladas de cobre y hoy producimos 25 millones de toneladas”.
«El mundo tiene una necesidad acuciante de minerales críticos para la transición energética: al 2050 se necesitan en el mundo 39 millones de toneladas de cobre y hoy producimos 25 toneladas y para 2030, requerimos unos 36 millones, o sea, en seis años debemos elevar la producción en 11 toneladas. ¿De dónde los sacamos y cómo lo hacemos?», expresó Argandoña, indicando que la producción de Chile en 2023 la producción de cobre de Chile llegó a 5,251 toneladas, su menor nivel en dos décadas.
«Si no aumentamos la producción de cobre, la transición energética se va a demorar más y la carbono neutralidad también, deteniendo la lucha contra el cambio climático», argumentó el dirigente gremial.
Citando la CNEP, informó que una iniciativa greenfield, es decir, que parte de cero, tarda 138 meses, es decir, poco más de 11 años. Una explotación de minería no metálica demora 90 meses, equivalente a 7,5 años.
En tanto, una explotación metálica con relaves tarda 87 meses, es decir 7, 25 años de trámites y autorizaciones. Los proyectos medianos tardan 5 años y medio en lograr los permisos.
«Uno de los grandes factores que tiene detenida la inversión minera y frena la producción es este sistema de permisos que se ha instalado en el país», señaló Argandoña.
Royalty
Según Cristián Argandoña, aunque Sonami siempre estuvo en contra del royalty, la institución reconoce que tres cosas fueron positivas en el debate relativo al tributo. La primera, que los recursos recaudados llegarán a 43 comunas, principalmente las localidades mineras; la segunda; que se terminó el período de incertidumbre en torno al tema, que por sí mismo detenía inversiones, y, por último, que Hacienda se comprometió a impulsar cambiar y reducir en un tercio el tiempo de tramitación de los proyectos mineros.
Pero a la luz de lo que tardan la tramitación de las iniciativas, quedan dudas de que la disminución de 33% sea suficiente. “Pero al menos es algo”, expresó el vicepresidente de Sonami.
Propuestas
El dirigente propone que «los proyectos antiguos vigentes hay que dejarlos que se muevan», es decir, simplificar la obtención de permisos y evitar «el peregrinaje por todos los servicios, la Conaf, la DGA, etc.» .
Una forma de hacerlo es no partir de cero la tramitación ambiental, sino recoger el acervo existente. «La misma información que un servicio le pide al titular 1, después se la pide al titular 54, cuando uno debiera basarse en la información que ya está recogida en la tramitación de otros proyectos», dijo Argandoña. Una idea del dirigente es darle más importancia a las declaraciones juradas.
Otra propuesta es que la tramitación ambiental haga suya la categorización que hizo el royalty para cobrar el impuesto específico a la minería, lo que traduce en que las faenas de menor producción están exentas de pagar el tributo, las medianas pagan una tasa menor que las grandes, que son las que extraen más de 50.000 toneladas.
«Esa categorización puede servir para simplificar la obtención de permisos», explicó. Por ejemplo, las medianas mineras que piden extensión de su vida útil tienen que pedir casi los mismos permisos que solicitaron cuando partieron.
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