Ante la reciente decisión de la ENAMI, de vender el 10% de su participación en el yacimiento de Quebrada Blanca a Codelco, expresamos nuestra profunda preocupación y desacuerdo. Esta medida, si bien puede parecer una acción estratégica en términos de finanzas a corto plazo, pasa por alto elementos fundamentales que deben ser considerados para el desarrollo y sostenibilidad de la minería en Chile.

El respaldo de la Comisión de Minería del Senado para la capitalización de la empresa y el compromiso del gobierno con la construcción de una nueva fundición representan señales claras del enfoque que se desea adoptar para fortalecer la capacidad de fundición y refinación en el país. En este contexto, la venta de activos estratégicos, como las acciones en Quebrada Blanca, pueden contradecir estos esfuerzos al debilitar el rol de la ENAMI en la cadena de valor del cobre y otros minerales.

Además, es importante destacar que el Congreso está en vías de aprobar una ley que garantice la capacidad de fundición y refinación de la ENAMI. Este proyecto de ley, en caso de convertirse en realidad, reforzará el papel crucial que esta empresa juega en la industria minera nacional, asegurando la soberanía y el control sobre los recursos estratégicos.

La venta del 10% de las acciones de Quebrada Blanca, por tanto, puede ser interpretado como un retroceso en la visión de largo plazo que el país requiere para mantener y fortalecer su posición en el mercado global del cobre y mantener el rol fundamental que es el fomento de la pequeña minería, considerando que no existe un plan de desarrollo vigente. La ENAMI ha sido y debe continuar siendo un actor clave en el desarrollo de la minería en Chile, cualquier decisión que afecte su rol en la industria debe ser evaluada con extremo cuidado y enfocada en el futuro de la empresa.

Instamos a las autoridades competentes a reconsiderar esta decisión y priorizar el fortalecimiento de la ENAMI como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de la minería en Chile, alineado con los compromisos asumidos por el gobierno y el Congreso.