La minería ilegal en Perú representa un desafío crítico, ya que el 50% de la producción de oro proviene de fuentes ilegales, según advirtió Gustavo de Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Impacto de la minería ilegal en la economía y la sociedad
De acuerdo con De Vinatea, la minería ilegal no solo acarrea pérdidas tributarias significativas para el Estado, sino que también socava el Estado de derecho al alimentar la violencia y la inseguridad en diversas zonas del país.
“El 50% del oro que se extrae hoy en el Perú es de procedencia ilegal. Eso significa que no deja nada a los peruanos, que somos los verdaderos propietarios de ese recurso”, afirmó De Vinatea en una entrevista en RPP.
Gustavo de Vinatea, Gerente General del IIMP
La presencia creciente de minería ilegal plantea un desafío multidimensional que va más allá de lo económico, afectando directamente a la seguridad y el bienestar de la sociedad peruana.
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Exhortación a la formalización y el cese de la impunidad
En un llamado enérgico, De Vinatea instó a no extender más el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), destacando la urgencia de finalizar este proceso para combatir la minería ilegal de manera efectiva.
“No puede permitirse más prórrogas ni nuevos nombres que perpetúen el sistema actual. El daño que la minería ilegal le hace al país ya es evidente para todos los peruanos”, enfatizó el representante del IIMP.
“Es crucial separar el desarrollo legítimo de la pequeña minería de las redes ilegales que se benefician de vacíos normativos. La formalización es clave para garantizar la sostenibilidad y la legalidad en el sector”, afirmó De Vinatea.
Gustavo de Vinatea, Gerente General del IIMP
El IIMP aboga por la inclusión de mineros formalizados en la discusión, con la intención de aprender de sus experiencias exitosas y elaborar políticas de formalización más efectivas para combatir la minería ilegal en Perú.
En este artículo se resalta la preocupante situación de la minería ilegal en Perú, evidenciando las implicaciones negativas tanto en el ámbito económico como en el social. Las declaraciones de Gustavo de Vinatea, del IIMP, enfatizan la urgencia de combatir este fenómeno para garantizar un desarrollo sostenible y legal en el sector minero del país.
