«Intentaremos por todos los medios» suspender el proceso, advertían la semana pasada parlamentarios de oposición luego de que el Gobierno decidiera adjudicar.
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Si bien el tema ya estaba generando un intenso debate entre el Gobierno, la oposición y el equipo del Presidente electo, Gabriel Boric, las tensiones se multiplicaron cuando el Ejecutivo sorprendió la semana pasada con la adjudicación de la licitación del litio horas antes de una sesión especial que iba a desarrollar la Cámara de Diputados para abordar el tema.
Sesión que terminó siendo un fracaso, dado que el enojo de la oposición que se tradujo en el abandono de la Sala una vez que ingresó a esta el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet.
En la oposición y desde el comando de Boric solicitaban al Ejecutivo suspender la licitación a la espera de la instalación del nuevo Gobierno en marzo y así estudiarla con mayor profundidad, pero la actual administración decidió de todas formas seguir adelante con la adjudicación, acogiendo, eso sí, otras de las solicitudes expresadas por el equipo del Presidente electo.
Fueron dos empresas las que ganaron la licitación: BYD Chile Spa y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. A cada una se le adjudicó una cuota de 80 mil toneladas de litio metálico, totalizando 160 mil toneladas, lo que representaría el 1,8% de las reservas conocidas del mineral en Chile. La cifra es menos de la mitad de las 400 mil toneladas que contempla la licitación.
«Intentaremos por todos los medios» frenar el proceso, advertían legisladores. Y así lo han hecho, insistiendo en los supuestos vicios de licitación, a lo que se suman recursos judiciales que han interpuesto autoridades y comunidades de zonas donde eventualmente se explotaría el mineral.
Lo primero fue recurrir a Contraloría. La bancada de diputados del Partido Socialista presentó el miércoles de la semana pasada un oficio ante el organismo para dejar sin efecto la licitación, apuntando a «vicios de ilegalidad en el proceso de adjudicación».
Un día más tarde vino un duro golpe. La Corte de Apelaciones de Copiapó declaró admisible dos recursos de protección y dictó una orden de no innovar, suspendiendo la licitación y dando un plazo de 10 días al Gobierno para dar respuesta por medio de un informe.
El tribunal acogió las solicitudes del gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, y de comunidades indígenas.
Por su parte, la Corte de Apelaciones de Antofagasta el pasado viernes acogió a trámite un recurso de protección presentado por la comunidad indígena Atacameña de Coyo en contra del Ministerio de Minería, dando plazo de 15 días hábiles a los recurridos para informar.
«Respetamos las resoluciones del Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, nos encontramos analizando los antecedentes y responderemos conforma a las herramientas y plazos que nos entregue la ley. Cabe precisar que la orden de no innovar no significa la cancelación definitiva de la licitación en curso. Solo implica que esta se suspende temporalmente mientras se resuelve el presente recurso», señaló la cartera en una declaración.
«El Ministerio de Minería reitera que la licitación nacional e internacional para aumentar la producción de litio ha sido un proceso abierto, informado, transparente y que ha cumplido con toda la legalidad vigente”, añadió.
Mientras, en paralelo, en el Congreso, se tramitan dos proyectos de ley -uno de la DC y otro del PC- que apuntan a lo mismo: suspender la controvertida licitación que empuja el Gobierno.
La iniciativa demócrata cristiana busca modificar el Código de Minería con el objetivo de limitar la posibilidad de celebrar adjudicaciones o contratos especiales de operación en los 90 días previos a la fecha en que se termina el respectivo gobierno.
Mientras que la fórmula comunista es incorporar un artículo transitorio al Código de Minería para suspender el actual proceso de licitación hasta la realización del Plebiscito que someterá a votación el texto de la nueva Constitución.
La más reciente ofensiva ocurrió el pasado miércoles, cuando la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de un grupo de parlamentarios de oposición para recurrir como Corporación al Tribunal Constitucional (TC) y presentar un requerimiento de inaplicabilidad, a objeto de suspender la licitación.
Según el requerimiento, el patrimonio chileno se vería afectado «enormemente», dado que la licitación entrega a un «costo bajo» parte del litio del país. «Esto afectará directamente el erario público ya que a través de dicha licitación se pretende vender el mineral a un precio no indicado de manera transparente y que en las mismas bases de licitación no está claro, toda vez que indica de manera subjetiva cálculos ininteligibles».
Asimismo, se apunta a una «ausencia de fiscalización y supervisión de la utilidad operacional», junto con calificar el proceso como «una verdadera amenaza para los intereses de la nación».
Por ello, los legisladores piden al TC acoger a trámite este requerimiento, declararlo admisible y declare inconstitucional la licitación, junto con que se disponga «de inmediato la suspensión del proceso de licitación (…), con el objeto de evitar que se adjudique dicha licitación a algún contratista sin previo pronunciamiento acerca de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos legales impugnados».
«Una arista es lo que está pasando en tribunales en el Poder Judicial, la segunda es lo que está pasando aquí con los proyectos de ley y la tercera es lo que ocurre en el TC a partir de esta presentación institucional, no de diputados que firman una acusación, sino que la propia Cámara de Diputados a través de esta votación que hemos ejercido hoy», subrayó la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS).
Fuente: Emol.com
