Diego Hernández Cabrera deja la presidencia de la Sociedad Nacional de la Minería, Sonami, el 31 de agosto, cuatro días antes del plebiscito donde se decide si Chile tiene o no una nueva Constitución. Sus años liderando el gremio estuvieron marcados por varios eventos de probabilidad cero: el estallido social, la pandemia del Covid-19 y ahora la invasión rusa a Ucrania. Y, tras décadas de debate, le toca enfrentar la decisión de Codelco de cerrar la fundición de Ventanas, que procesa mineral de Enami proveniente pequeños y medianos mineros, muchos de ellos asociados al gremio.
La determinación del cierre la fundición Ventanas, anunciada el viernes por la noche, es considerada «apresurada y sin el análisis técnico, ambiental y económico necesario» por el presidente de Sonami, quien señala que tendrá un gran impacto social en la bahía de Quintero – Puchuncaví.
-¿Por qué considera la decisión apresurada, si se analizó por décadas?
Porque el Presidente Piñera tenía planificado de cerrar la fundición de Ventanas en octubre de 2019, para la COP25. Y para eso tenía que enviar un proyecto de ley que eliminara la obligación de procesar el mineral de Enami en Ventanas, como paso previo a tal cierre. Vino el estallido, se suspendió la COP25 y obviamente eso no pasó, porque era políticamente incorrecto hacerlo. Pero en febrero de este año, el gobierno de Piñera mandó un proyecto para levantar esa restricción a Codelco. Y este gobierno, del Presidente Gabriel Boric, lo reactivó. Es decir, como una estrategia comunicacional, pensando en la reputación de Codelco, al cerrar la fundición de Ventanas, Boric está terminando lo que empezó el gobierno de Piñera.
-Pero, ¿por qué es apresurada?
Porque faltan análisis técnicos, ambientales, económicos y sociales. Un ejemplo: en ese polo industrial hay unas 15 empresas y en el último episodio de intoxicación, la fundición de Ventanas estaba sin operar, es decir, no sabemos si es responsable o no de la contaminación y si lo es, en qué medida. El Ministerio de Salud tiene unos aparatos para medir la contaminación del siglo pasado, hay poca información confiable. Entonces, si el gobierno procede a cerrar la fundición y sigue la contaminación, va a cerrar una empresa tras otra hasta que cierren todas. Y al final puede ser que no sea ninguna de ellas. Incluso los trabajadores han señalado que el olor a huevo podrido que hay algunos días no viene de esas empresas, sino que es un problema de ácido sulfhídrico proveniente de los sistemas de agua de la zona, lo que hay que investigar. Además, está el problema social: los trabajadores no pueden ser trasladados con sus familias a otra región, no es tan sencillo hacer eso, y al final los van a tener que indeminizar.
-El Presidente Boric dijo que prefería cerrar la fundición a cerrar escuelas…
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Pero cuando cierre la fundición, van a tener que cerrar las escuelas porque la gente quedará sin trabajo. Hay toda una economía que se mueve en torno a Ventanas. Además, es una amenaza para los pequeños y medianos mineros (que envían su mineral a Enami) y Enami va a quedar damnificada. Han señalado que van a fundir el mineral en otras fundiciones, como Potrerillos o Caletones, pero eso tiene un costo de transporte y además, hay que llevarlo (de vuelta) a refinar a Ventanas (el cierre sólo se refiere a la fundición, no a la refinación), con un costo logístico que tampoco es tan claro quién lo paga y de cuánto es. Los pequeños y medianos mineros están muy preocupados por la decisión.
“Cambiar la propiedad minera por autorizaciones administrativas deja mucho más margen para la arbitrariedad de la autoridad y también para la corrupción”.
“Hay toda una economía que se mueve en torno a Ventanas. Además, es una amenaza para los pequeños y medianos mineros (que envían su mineral a Enami) y Enami va a quedar damnificada”.
Nueva Constitución y Reforma Tributaria
-Si se aprueba el borrador de la Constitución, ¿qué escenario ve?
-El borrador de la Constitución deja a la minería con más incertidumbre que lo que tenemos hoy día con la Constitución actual.
Me explico: los tres pilares del desarrollo del parque productivo que tenemos hoy día fueron el Código de Minería, con la propiedad minera otorgada por el Poder Judicial y amparada por el pago de patente; el D.L. 600 y el Comité de Inversiones Extranjera, que promovía las inversiones. El DL 600 ya no está, fue derogado y el Comité de inversiones ya no existe, fue reemplazado por otra institución que tiene otro modelo, otras funciones. Y nos queda el puro Código de Minería. Con el puro Código de Minería y el desarrollo que había tenido el país hasta ahora, Chile era un buen destino para la inversión minera.
Hoy día, ¿cuáles son los dos riesgos que tenemos? Uno, que en la reforma tributaria se apruebe el royalty, que éste sea desmedido y que no haga atractiva la inversión en la cartera de proyectos. Yo creo que el ministro de Hacienda y la ministra de Minería lo tienen claro. El Parlamento nunca lo ha tenido muy claro, pero entonces esperamos que el proyecto de ley para el nuevo royalty sea responsabilidad del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Minería, del Ejecutivo, porque, en principio, se supone que son entidades que deberían entender este problema y deberían entender que la recaudación no debiera liquidar la inversión.
-Ese es el primer riesgo. ¿Y el segundo?
-El otro tema es la seguridad jurídica del Código de Minería, que hoy día no sabemos qué es lo que va a pasar. Naturalmente que el Código de Minería va a seguir mientras no lo cambien y si lo cambian, lo pueden hacer por una ley de mayoría simple. Entonces, el riesgo es mucho más alto que el que tenemos hasta ahora. Y ha habido un afán de transformar esta propiedad minera por autorizaciones administrativas que deja mucho más margen para la arbitrariedad de la autoridad y también para la corrupción. Y eso es negativo. Entonces vamos a ver qué pasa ahí.
Y sí, si se llegara a aprobar la nueva Constitución, probablemente las empresas mineras van a sopesar el riesgo y yo creo que la reacción va a ser tratar de tener seguridades adicionales por parte del Ejecutivo, de estabilidad tributaria y estabilidad en la propiedad minera, que finalmente van a ser parecidas a las del D.L. 600 que tuvimos. Y de ahí entonces el círculo se cierra. Y ahora esto significa también una pérdida de tiempo. A lo mejor podemos perder dos o tres años, o más.
-¿Cuánto tardarán los cambios normativos si es que se aprueba el borrador constitucional?
-Si la reforma tributaria aumenta mucho los impuestos a la minería, hoy día más o menos la minería paga 40%, 42% de impuestos y se queda con el 58% de las utilidades. Si eso sube más de 50% y el Estado se lleva la parte más alta, eso va a hacer que los proyectos sean menos atractivos. Y finalmente en promedio, porque estos son promedios, siempre hay unos proyectos mejores y otros peores, pero en la posición que tenemos hoy, como en la mitad del tercer cuartil o un poquito más abajo, o tal vez del tercer cuartil de costos, sería entre 50% y 75% (de mayores costos); yo diría que está en torno a 62% (de costos). Si eso sube y nos tira al cuarto cuartil, entonces va a haber muchas menos inversiones.
Si la reforma tributaria aumenta mucho los impuestos a la minería, no se desarrollarían inversiones y perderíamos la oportunidad de jugar el rol global contra el cambio climático. En la medida en que nuestros proyectos no se desarrollen, se van a hacer en otro lado. Chile tiene ventajas para que se desarrollen acá, no tanto geológica, pero sí de infraestructura, de gente preparada, de mineros, de empresas de servicio. Tiene todo un ecosistema minero que hemos establecido desde principios de los 90 hasta ahora y que finalmente permitió pasar de producir 1.600.000 toneladas a 5.800.000 producción anual. O sea, si hay alguien que quiere hacer una inversión en un proyecto que es más marginal, no lo castigues con impuestos. Déjalo que asuma el riesgo y aumenta los impuestos a los que efectivamente son más competitivos.
Foto: Agencia Uno
-Ud. parte poco antes del plebiscito. ¿Cómo evalúa su participación en ese proceso?
-Nosotros hemos hecho las tareas, trabajamos durante un año y medio preparando un documento que entregamos y que mandamos a todos los constituyentes. Hicimos nuestra iniciativa popular de norma entre todo el ecosistema minero, empresas de servicio, Consejo Minero, Sonami, todos… conseguimos 24.000 firmas, y no fue acogida.
Preparamos el documento de Minería y Nueva Constitución, que tenía un capítulo legal, tenía un enfoque económico y tenía otro medioambiental y de comunidad y de innovación, donde abarcamos todo y, finalmente, hicimos una propuesta de qué es lo que creíamos que tenía que quedar en la Constitución.
Expuse una vez, otra fue Compromiso Minero. Ahora, enviamos a todos los constituyentes nuestro documento, en un librito. Algunos contestaron agradeciendo, pero nunca, nunca, se discutió. Tienes 10 minutos para presentar algo, cinco o 10 minutos para contestar preguntas y se vota. Nada se debate. Hasta ahora no hemos visto ningún argumento de por qué lo que propusimos es peor que lo que se aprobó.
Entonces al final, en teoría, la casa de todos no fue así.
Perspectivas para la inversión
-La cartera de inversiones es de casi US$ 70.000 millones. ¿Qué certezas hay de que se concretarán?
-Eso está muy relacionado con el rol de Chile en la lucha el cambio climático y, con ello, en la economía global, no en términos cuantitativos, porque comparado con las economías de los grandes países, Chile es pequeño, pero estratégicamente puede ser importante, porque su rol es abastecer al mundo de cobre y de litio, que son dos metales que son muy importantes para mitigar el cambio climático, para la aumentar la electromovilidad, las energías renovables y hoy día el hidrógeno verde, que también puede sustituir otras fuentes de energía fósiles.
Ese es uno de los pocos roles que Chile puede jugar y es de interés global. Hoy existe una demanda por estos productos que va a ser firme con una visión de largo plazo, porque la electromovilidad se puede atrasar o se puede adelantar un poco, pero es algo que va a venir sí o sí.
Tenemos una cartera de inversiones de US$ 70.000 millones de aquí al 2030, con cobre para satisfacer esa demanda y eso va a ser bienvenido por la economía global y las grandes potencias. Ese rol es mucho más apreciado y más efectivo que hacer declaraciones de paz y amor y declaraciones de compromiso, porque están reflejadas en algo concreto.
Ahora, la cartera de proyectos que tenemos es factible, pero económicamente no es extraordinaria.
-¿Es decir, no es tan atractiva como para concretarla?
-Hoy el parque productivo chileno tiene un costo-caja que está en la mitad del tercer cuartil. Entonces, para que esos proyectos se ejecuten, debes levantar financiamiento, nosotros no tenemos los capitales para hacerlo, ni el Estado de Chile ni los privados de Chile tienen la posibilidad ni las espaldas financieras para ejecutar esos proyectos. Entonces, es importante la certeza jurídica y es importante la calidad geológica. La calidad geológica está bajando, no es extraordinaria, pero sí son proyectos que se pueden ejecutar. Entonces lo que nos falta es la seguridad jurídica que hemos tenido hasta ahora, pero que en esta coyuntura está en duda.
Efectos del escenario país
-En estos años ocurrió el estallido social y la pandemia, quizás la presidencia de Sonami más acontecida desde los 70. ¿Cómo afectó al sector minero estos dos temas?
-Igual que todo Chile, fuimos sorprendidos con el estallido social. Todo el país se sorprendió y fue una señal de alerta potente a la que hubo que reaccionar. Los políticos decidieron canalizar esto a través de la nueva Constitución, vamos a ver cuál va a ser el resultado.
Por un lado, inmediatamente vino la pandemia que afectó a todo el país y también a la minería. Y creo que ahí nosotros fuimos capaces de mantener las operaciones, de no bajar la producción, de mantener la cadena de pago. Se demostró que nuestros trabajadores, eran capaces de seguir los protocolos sanitarios y adaptarse a esta situación crítica. Mostró la resiliencia que tiene la minería y con hechos concretos. La producción no bajó, aunque algunos proyectos se interrumpieron y la actividad de exploración se suspendió.
En esos momentos pensamos, “es importante mantener la producción, mantener los puestos de trabajo, porque después de la pandemia vendrán las consecuencias económicas y no podemos permitirnos eso”.
Pensamos que eso iba a ser lo más valorado por el país, que el país iba a decir en relación a la minería “mira que bueno que tenemos esta minería resiliente, potente, importante, que logró mantener su actividad”, nos hubiese gustado que el país hubiera valorado eso y que en la Constituyente se hubiera valorado eso. Pero eso no sucedió.
Su futuro tras Sonami: minería en Brasil, Perú y México
Luego de pasar por las principales mineras del mundo -BHP, Antofagasta y Codelco, entre otras- Diego Hernández seguirá ligado a la actividad una vez terminado su período en Sonami.
Su foco no estará en Chile, sino en América Latina. Explica que una parte de su tiempo estará en Nexa Resources, un grupo minero brasileño listado en la Bolsa de Nueva York con operaciones en Brasil y Perú, del cual es miembro del directorio. Nexa es parte del grupo Votorantim, que el presidente de Sonami conoce desde hace varias décadas.
También asesorará en minería al grupo Fresnillo, que opera en México en metales preciosos.
América Latina, explica Hernández, está en un momento clave de la historia. Tiene recursos para luchar contra el cambio climático, pero enfrenta presiones internas, al tiempo que a nivel internacional se configura un panorama menos alentador con la globalización.
Y, por supuesto, seguirá pendiente de las discusiones internas, una de las cuales es la política de fomento a la pequeña y mediana minería que desarrolla Enami. En ese sentido, ha valorado la postura de la ministra del ramo, Marcela Hernando, de revalidar el rol de promoción de la actividad, clave en la economía de las regiones del norte de Chile y en el ecosistema minero. En especial ahora, cuando la cotización al alza del cobre hizo aumentar la cantidad de productores que extraen mineral.
También seguirá de cerca la política local, en especial la diplomacia comercial, en un escenario más adverso y polarizado, con China y Estados Unidos en tensión creciente. Por lo mismo, enfatiza que rechazar los tratados comerciales es un error. “Son un capital que tiene el país y no querer el TPP 11 es una irresponsabilidad mirando el interés nacional”, asevera Hernández.
