Copiapó. Representantes de la Confederación Minera de Chile (CONFEMIN) participaron activamente en un Conversatorio Minero organizado por el Gobierno Regional de Atacama, instancia que abordó los alcances y desafíos de la implementación de la Ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). La normativa, publicada en 2023, busca fortalecer la conservación de ecosistemas y especies nativas, pero ha generado inquietud en sectores productivos, especialmente en la pequeña minería, debido a la delimitación de nuevos sitios prioritarios para la protección ambiental.
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Diálogo sobre impactos de la nueva normativa
Durante la actividad, se presentó el proceso de implementación de la ley y el reciente listado publicado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que identifica sitios prioritarios de conservación en las macrozonas norte, centro y sur del país. Varios de estos territorios actualmente cuentan con actividad minera en operación, lo que ha motivado un proceso de consulta ciudadana en curso, enfocado particularmente en los representantes de la pequeña minería.
En representación de CONFEMIN asistieron el secretario de organización, Sergio Morales Pizarro, y los directores Mario Mercado Navea y Pedro Campos Villegas, quienes participaron en las discusiones sobre las posibles implicancias de la ley para el sector.
Mario Mercado Villegas expresó su preocupación por la falta de certezas regulatorias, señalando que “nos vamos con alguna incertidumbre jurídica al respecto, ya que no tenemos claridad en cuanto a si los pequeños mineros van a ser afectados o no con esto”. El dirigente destacó la importancia de que las autoridades consideren la realidad territorial de la minería en Atacama, donde cada provincia presenta condiciones ambientales y productivas distintas.
Compromiso de diálogo territorial
Durante el encuentro, el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas Correa, asumió el compromiso de replicar la instancia de diálogo en la provincia del Huasco, con el objetivo de recoger las inquietudes locales y promover un proceso de implementación participativo y equilibrado.
Desde CONFEMIN se enfatizó la disposición al diálogo por parte de sus miembros para contribuir a que la nueva normativa logre un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo sustentable de la minería, actividad que representa una fuente vital de empleo y desarrollo económico para la región.
“Queremos ser parte de la solución, no del problema. La minería de pequeña escala puede coexistir con la conservación si se aplican criterios técnicos y se escucha a quienes trabajamos en terreno”, sostuvo otro de los representantes gremiales.
Próximos pasos en la implementación
De acuerdo con el itinerario presentado por el Ministerio del Medio Ambiente, la fase actual de consulta ciudadana continuará durante las próximas semanas, incorporando las observaciones de los distintos actores involucrados. Posteriormente, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad deberá aprobar el plan definitivo de implementación de la Ley 21.600 en el mes de diciembre.
La autoridad ambiental señaló que el objetivo es armonizar las políticas de conservación con las actividades productivas existentes, asegurando una transición ordenada hacia un modelo de gestión territorial más sostenible.
Con este encuentro, Atacama se posiciona como una de las regiones donde el debate sobre biodiversidad y minería adquiere mayor relevancia, dado su peso histórico en la producción nacional de cobre y oro, y la presencia de ecosistemas altoandinos de alto valor ecológico.
