Un fuerte cruce tuvieron Andes Iron y Oceana ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta en los alegatos por el recurso de reclamación que interpuso la minera en contra de la resolución del Comité de Ministros, cuyo órgano secretario es el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), por la calificación desfavorable del proyecto minero Dominga, ubicado en la Región de Coquimbo. La jornada comenzó muy temprano este miércoles y terminó luego de nueve horas.
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En la audiencia, el abogado Patricio Leyton, en representación de la minera de propiedad de la familia Délano, sostuvo que “me resulta extraño encontrarme por tercera vez en estos estrados para referirme sobre el proyecto Dominga. ¿Cuántas veces más tendré que concurrir para que la administración cumpla con sus obligaciones legales? Es que no pedimos nada más que eso, que se cumpla la ley. Sin embargo, lo que más me cuesta creer es que el objeto de lo que tengo que alegar en esta oportunidad es si los fallos de los Tribunales Ambientales deben ser cumplidos”.
“Me parece increíble que tengamos que discutir una vez más la línea de base del proyecto. En esta oportunidad agrego que, si los fallos de los tribunales ambientales no deben ser cumplidos en su integridad, nuestro Estado habrá fracasado y de alguna manera en muchas dimensiones nuestro Estado ha fallado. No voy a hablar sobre los esfuerzos financieros de mi representada, pero no puedo dejar de referirme a la presión de las comunidades locales para que se haga este proyecto, por cierto, la gran mayoría de ellos presente acá en esta audiencia”, agregó.
“Nos encontramos ante el escenario que nunca se había dado en la historia de nuestro derecho ambiental y llevamos décadas de modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en línea de disminuir la variable política”, añadió.
En su alegato, Leyton también recordó que fue la Corte Suprema la que ordenó conocer el fondo de la discusión y su estricta evaluación ambiental. “En razón de lo anterior, el Tribunal Ambiental de Antofagasta elaboró los elementos sustantivos y completos que debían servir de marco para que el Comité de Ministros se ajustara esta vez a la legalidad. Todo ello fue ignorado por la administración. En un intento de justificar lo injustificable, despojó al Tribunal Ambiental de la facultad de pronunciarse con efecto vinculante”, enfatizó.
A su turno, la abogada Camila Contesse, en representación del SEA, detalló que Dominga develó sus rutas marítimas después de tres años de la evaluación y dos procesos de participación ciudadana. También recordó que la iniciativa ha tenido una calificación desfavorable desde marzo de 2017 a agosto de 2021, sin que esta decisión haya sido alterada por una instancia judicial.
“No es correcto que el proyecto ha contado con un constante apoyo de las instancias técnicas y judiciales como ha pretendido la parte reclamante”, dijo. También señaló que “el proyecto ha sido desestimado por el Comité de Ministros en dos instancias en administraciones distintas”. Por lo mismo, “afirmar que la decisión de rechazar el proyecto se habría determinado por razones políticas y de manera previa a la revisión de las reclamaciones, no solamente es falso, sino que pretende omitir el análisis de un excelente equipo de profesionales con un alto estándar técnico y jurídico, como es el departamento de recursos de reclamación de la dirección ejecutiva del SEA”.
“El proponente ha ido variando y torciendo los hechos a su favor, destacando que los pronunciamientos que le favorecen, sí fueron dictados conforme a la ley y aquellos que han sido desfavorables, simplemente habrían sido motivados por aspectos ajenos a una revisión de recursos administrativos”, concluyó.
Como tercero coadyuvante del SEA, el abogado Ezio Costa, representando a Oceana, solicitó que se rechazara la reclamación de Andes Iron. “Hay un cinismo gigantesco de la minera al plantear su reclamación: sostiene que la decisión del rechazo es política y durante horas entrega una argumentación política frente a este tribunal”.
Al respecto, si bien indicó que “no es un misterio que el SEIA tiene un componente político”, aseguró que se trata de “un proyecto inadecuado, que no cuenta con una línea de base adecuada”. “No consideró los daños que provocará y, por el contrario, en los 10 años que han pasado desde que se presentó la iniciativa, lo único que ha hecho es una campaña política para generar adhesión en la zona”, acusó.
“En esta campaña política que ha hecho la minera Andes Iron, hay repartición de dinero y promesas que se han hecho en distintas sedes. Se prometió agua, empleo, comprar los excedentes de la minería. Incluso, el abogado de la minera sostuvo que el proyecto se podría hacer sin puerto”, acotó. “Ha habido una cantidad de promesas de la minera que quedan fuera de las posibilidades del SEIA”, manifestó, aunque reconoció que hay un desafío respecto de la ausencia del Estado en esa zona, porque no lo ha hecho bien.
“Las personas de La Higuera deben tener una vida digna, pero que no dependa de la voluntad de un señor dueño de una minera. Hace mucho tiempo la civilización occidental se deshizo de los señores feudales”, concluyó.
Por su parte, el exministro del Trabajo del primer mandato de Michelle Bachelet, Osvaldo Andrade, en representación del Sindicato Nacional Interempresa de Faeneros de Chile (Fadechi), en calidad de tercero coadyuvante de la minera, destacó la relevancia del proyecto para los trabajadores de la región de Coquimbo.
El también expresidente del Partido Socialista sostuvo que Andes Iron y Fadechi firmaron un convenio marco en el que la compañía se compromete a generar “condiciones de trabajo digno y decente”. “No los obliguemos a andar por las calles pidiendo pega. Es un derecho que se han ganado con grandes esfuerzos y no pocos sacrificios”, pidió al tribunal.
También destacó que el proyecto Dominga pretende generar 30.000 empleos en la fase de su desarrollo: 10.000 por año, donde cuatro mil serán directos, más otros indirectos. “Es una fuente de empleo formal, extraordinariamente relevante hoy en un país que como todos sabemos tiene serios problemas de empleabilidad. Hemos superado los dos dígitos en cesantía. La Región de Coquimbo es la que tiene el mayor índice de cesantía del país”, realzó.
“También debemos considerar que Chile ha llegado a tener 27% de empleo informal, empleo sin seguridad social y muchas veces sin contrato. Hemos dicho que 3.729 de estos trabajadores viven en la Región de Coquimbo y es una oportunidad esencial, porque no tendrán que alejarse de su núcleo familiar para acceder a un empleo de esta naturaleza”, terminó.
