Un nuevo vuelco judicial vuelve a tensionar uno de los proyectos más controvertidos de la minería chilena. Dominga quedó nuevamente en el centro del debate luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera a trámite un recurso de casación presentado por pescadores artesanales, suspendiendo los efectos de su propia sentencia previa y dejando el caso en manos de la Corte Suprema. La decisión reabre un escenario de incertidumbre que se arrastra por más de una década y que ha marcado el pulso de la discusión entre desarrollo económico, institucionalidad ambiental y oposición territorial en la zona de La Higuera.
La acción judicial fue presentada por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte, que cuestionó el fallo emitido por el mismo tribunal el pasado 20 de febrero. Al admitir el recurso, la Corte resolvió suspender los efectos de esa sentencia mientras el máximo tribunal del país revisa el caso, lo que en la práctica vuelve a poner en juego la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto.
Suspensión del fallo y efectos en la RCA
El punto central de la resolución radica en que la suspensión deja en pausa la anulación previa, generando un escenario jurídico transitorio. Esto implica que, mientras la Corte Suprema no emita un pronunciamiento definitivo, el proceso vuelve a una situación intermedia que permite ciertas interpretaciones sobre el estado de los permisos ambientales.
Te puede interesar
Segundo Tribunal Ambiental rinde Cuenta Pública 2025 destacando solidez técnica para responder a histórico aumento de causas Formación técnica minera: El Abra consolida 10 años de alianza con Don Bosco Calama y proyecta 20 prácticas anuales Seguridad operacional: Codelco Salvador y Aerolíneas DAP refuerzan estándares tras pasantía de 4.000 kmDesde el sindicato de pescadores valoraron la decisión y reiteraron su postura favorable al proyecto, argumentando que ha cumplido con la normativa vigente tras años de evaluación técnica. Su dirigencia insistió en que la prolongada tramitación ha afectado directamente a las comunidades locales, que ven en la iniciativa una oportunidad de desarrollo económico y empleo.
Este nuevo capítulo se suma a una larga secuencia de resoluciones administrativas y judiciales que han mantenido a Dominga en un estado de indefinición, tal como se ha analizado en la evolución del conflicto ambiental en torno al proyecto Dominga, donde se evidencian los múltiples cambios de criterio en distintas instancias del Estado.
Empresas y comunidades: visiones contrapuestas
Desde Andes Iron, titular del proyecto, la interpretación es clara: la resolución permite recuperar las autorizaciones ambientales y avanzar en la iniciativa. La compañía ha sostenido que el proyecto cumple con la legislación vigente y con estándares ambientales exigentes, reforzando su postura en favor de destrabar la inversión.
En contraste, organizaciones ambientalistas agrupadas en la Alianza Humboldt relativizaron el impacto del fallo, señalando que se trata de un procedimiento habitual dentro del proceso judicial. A su juicio, la suspensión solo mantiene el caso en espera y no implica un cambio sustantivo en el estatus del proyecto, el cual —afirman— aún no cuenta con los permisos necesarios para iniciar su construcción.
Estas diferencias reflejan la tensión estructural que ha caracterizado al proyecto, donde coexisten expectativas de desarrollo económico con preocupaciones por la conservación de ecosistemas marinos sensibles, especialmente en una zona reconocida por su biodiversidad.
Escenario abierto a la espera de la Corte Suprema
El futuro inmediato de Dominga dependerá ahora de la Corte Suprema, que deberá pronunciarse sobre los recursos de casación presentados. Su decisión será determinante para definir si se ratifica el rechazo previo o si se abre definitivamente la puerta para retomar el desarrollo del proyecto.
Mientras tanto, el caso sigue siendo un referente obligado para entender los desafíos de la institucionalidad ambiental chilena, en un contexto donde grandes inversiones enfrentan crecientes exigencias regulatorias y sociales. Este escenario también se vincula con debates más amplios sobre permisos y certeza jurídica, abordados en el análisis sobre la permisología en proyectos mineros en Chile, un factor clave para el desarrollo de nuevas iniciativas.
Con más de 12 años de tramitación, Dominga continúa siendo un símbolo de la complejidad que enfrenta la minería en Chile para equilibrar crecimiento, sostenibilidad y legitimidad social, en un contexto donde cada decisión judicial redefine el rumbo de inversiones millonarias y el futuro de las comunidades involucradas.
