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“Dominga obligó al Tribunal a realizar una investigación acuciosa, fueron más de mil horas de trabajo”

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A un año del inicio de actividades de la corte ambiental de Antofagasta, Guevara repasa las causas más desafiantes que han tenido de afrontar, entre ellas la del Salar de Llamara y Dominga. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de incluir a las comunidades en la discusión ambiental, en el rol de las universidades para generar investigaciones necesarias para dictar fallos y sentó los desafíos de la corte ambiental para el nuevo año que comienzan.

Este mes se cumple un año desde el nombramiento oficial de los ministros titulares del 1ª Tribunal Ambiental, por parte de la ex presidenta Michelle Bachelet. Si bien en junio de 2012 se promulgó la Ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales, recién el año pasado se constituyó la citada corte con jurisdicción en toda la zona norte, regiones por lo demás con la mayor presencia de proyectos mineros y energéticos. Por lo mismo, el debut del último tribunal ambiental en instaurarse (ya existe uno en Valdivia y Santiago), era esperado tanto por las instituciones como por algunas empresas, cosa que se vio reflejada en la cantidad de solicitudes elevadas en su primer ejercicio de funcionamiento.

A modo de balance, el presidente de la instancia judicial, Daniel Guevara, conversó con diario El Día para hacer un repaso de la labor del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que suma hasta hoy 22 causas activas y entre las que, según asegura Guevara, se encuentran algunos de los casos más desafiantes que les ha tocado dirimir, como fue Dominga y actualmente, una causa en torno al Salar de Llamara, en la región de Atacama.

¿Cuántos casos vigentes existen actualmente en la corte ambiental de Antofagasta?

“Por orden cronológico, la primera reclamación que se ingresa al tribunal fue la de Andes Iron en contra del Servicio de Evaluación Ambiental. Ingresa con fecha 30 de noviembre de 2017 y es una causa que queda resuelta con sentencia definitiva en un período de menos de cinco meses. Esto es interesante porque hizo debutar al tribunal con una causa de alto impacto.

También destaca una causa de la SMA, en que solicita una medida urgente y transitoria, pidiendo la paralización de una extracción parcial de agua del Salar de Llamara, ubicado en la región de Atacama. Con esto se busca proteger el sistema biótico, sistema microbiales, que son los llamados estromatolitos. Y es que algunas de estas bacterias tienen la condición de reproducirse en condiciones extremas, incluso sin oxígeno, por lo tanto son objeto de investigación de gran avanzada, principalmente con fines espaciales para estudiar la vida en otros planetas. En esa causa ordenamos un estudio de primer orden e internacional sobre estromatolitos en salares y la importancia de generar criterios de conservación, y la posterior adaptación de la industria de la minería no metálica.

Esas dos son algunas de las más importantes, sin embargo tenemos 22 causas vigentes actualmente, en su mayoría se mueve en torno a la industria minera”.

¿Cuál ha sido el caso más desafiante que les ha tocado abordar?

“Los más desafiantes están en aquellos donde hay que levantar conocimiento de futuro. Por eso precisamente el caso de Llamara puede ser uno de los más interesantes, pues nos obliga a generar conocimiento científico nuevo.

Dominga por su parte también fue un caso interesante y extenso que obligó al Tribunal a realizar una investigación acuciosa, con un expediente final de más de 40 mil páginas que implicó más de mil horas de trabajo. En este caso, el Tribunal se atrevió a innovar haciendo un llamado a conciliación, y pese a que la conciliación no se logró, sentó las bases como opción para futuros fallos”.

Justamente Dominga es uno de los proyectos más bullados en materia medioambiental en la región de Coquimbo, caso que hoy se encuentra congelado y a la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema, ¿qué esperan de este caso?

“Respecto de Dominga, nuestra última acción fue admitir a trámite seis recursos de casación por los terceros independientes y los terceros coavyudantes. Estos recursos ya fueron despachados en un oficio a la Corte Suprema, la que ahora tiene que pronunciarse sobre la admisibilidad. Sobre cómo lo hará, debemos esperar a su resolución”.

Otro de los casos con complicaciones en materia medioambiental ha sido Cardones Polpaico, que también ha recurrido al tribunal por problemas con el cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental y con las comunidades, ¿es viable un proyecto con oposición ciudadana?

“Hay que recordar que esta causa está en acuerdo y en los próximos días se debiera dictar la sentencia. Respecto de si es viable o no, lo cierto es que vamos avanzando hacia una mayor compatibilidad entre el crecimiento y protección ambiental. Es esencial que en el análisis de proyectos sobre territorios existan opciones de mitigación más tempranas, que caminen hacia la verificación de cumplimientos y finalmente, hacia una sociedad más empoderada que se encargue de que los proyectos que se sometan a evaluación ambiental, y que consideren la visión humana.

Por otro lado, hay que destacar que la ley marco de los servicios eléctricos (Ley 20.923), incorpora en su última modificación, lo ambiental derechamente en el cuerpo de la ley eléctrica, algo que antes no era así. Y si bien este proyecto de carretera eléctrica nace de la necesidad de conectar el SIC con el SING, es una iniciativa previa a la entrada en vigencia de esta ley. Con todo, el estándar que viene hacia adelante necesariamente incluye viene un aprendizaje, ya que se trabajará sobre la base de que los grandes proyectos eléctricos de generación o transmisión, sean capaces de representar no solo el caso a caso, sino que una visión global del territorio”.

Este tribunal se ha caracterizado por determinar visitas inspectivas en la mayoría de las causas en las que ha sido requerida su intervención, ¿cuál es la razón detrás de esta decisión?

“Hay un viejo dicho que dice: “Dame los hechos y te daré el derecho”. Si uno tiene clara convicción, conocimiento, precisión, inmediatez de la prueba y una visión en territorio, esto permitirá adquirir convicción jurídica. Y esto es lo que precisamente busca el tribunal con las visitas inspectivas. Son decisiones clave para que la instancia vaya dando certezas y seguridad sobre el trabajo realizado”.

Desde antes de su inicio, el tribunal se comprometió a generar alianzas con centros educacionales y universidades en la zona norte, compromiso que se ha cumplido en el año de operación, ¿cuál es la importancia de generar estos vínculos?

“En un país es fundamental que las instituciones colaboren en la búsqueda de la verdad, y la verdad en materia ambiental no es un supuesto, sino que tiene que ser material y respaldada científicamente. Desde ese punto de vista, las universidades tienen centros de investigación de excelencia que pueden generar este respaldo. Por ejemplo, en el caso de Llamara, hemos pedido informes a la Universidad Arturo Prat, de Antofagasta y en la UCN. Y debido a que los tribunales deben formarse de un criterio en tiempo récord, es porque se apoyan en estas instituciones, de lo contrario el tribunal sería incapaz de formar un conocimiento que requeriría una década de estudio en otras circunstancias. Las universidades regionales cumplen en este sentido, un rol insustituible”.

¿Cuáles son los principales desafíos del tribunal en este nuevo año que inician?

“Lo que busca el tribunal junto con dar un servicio de justicia, es garantizar el acceso a ella. Por ello estamos trabajando en ampliar la vía judicial para cualquier ciudadano junto con la Corporación de Asistencia Judicial. Así, cualquier chileno o residente podrá actuar a través de la justicia ambiental siendo asesorado por profesionales competentes, con independencia de su capacidad económica para poder ejercer sus derechos. Por lo mismo y junto con la Corporación, nos hemos dedicado en los últimos meses a capacitar a abogados con el fin de ampliar el acceso a la justicia, sobre todo para temas urbanos.

En esa misma línea, vamos a buscar trabajar con la red de municipalidad que por ley, tiene derecho a intervenir en los procesos judiciales representando el interés comunal.

Por otro lado, nos interesa avanzar hacia un sistema de información cada día más transparente, público y de acceso preciso. El fin es avanzar hacia un modelo de justicia accesible donde los que intervengan en el proceso, tengan las reglas claras desde el principio”.62-02R

SISTEMA ONLINE  PARA REVISIÓN DE CAUSAS

Daniel Guevara hizo hincapié en la habilitación del sistema online con el que cuenta el tribunal ambiental para la consulta de causas. “Desde el primer momento del tribunal está operativa una plataforma pública de gestión de causas, una herramienta que en otros tribunales habría demorado varias décadas, pero que gracias al convenio con el tribunal con Valdivia, partimos desde el primer momento con el sistema en línea”, comentó. Gracias a ello se puede revisar online y de manera permanente y pública todo tipo de reclamaciones, solicitudes de la Superintendencia de Medio Ambiente y demandas por daño ambiental.

Fuente Diario El Día
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