Entre las medidas propuestas, Andes Iron ofreció el abastecimiento de agua desalinizada para consumo humano para el 100% de la comuna de La Higuera, en Coquimbo, garantizando el derecho de acceso al agua. Además, promete disminuir el número de buques para el resguardo de la fauna marina. Las medidas anunciadas representan un costo de US$400 millones aproximadamente durante la vida del proyecto.

Durante poco más de dos horas se llevó a cabo ayer la audiencia de conciliación que citó la Tercera Sala de la Corte Suprema en el marco del caso de Minera Dominga, de Andes Iron.

En el encuentro, que se realizó con vía videoconferencia y también presencial, los abogados de las partes fueron exponiendo de manera individual ante el ministro Jean Pierre Matus si estaban dispuestos a alcanzar un acuerdo para dar viabilidad a la iniciativa que considera una inversión de US$2.500 millones para la explotación de hierro.

A cargo de la representación de la minera estuvo el abogado Patricio Leyton, socio del estudio FerradaNehme, quien expuso la propuesta de conciliación. Desde Andes Iron explicaron que las medidas anunciadas representan un costo de US$400 millones aproximadamente.

En el documento con las propuestas -que cuenta con 31 páginas-, la compañía ligada a la familia del empresario Carlos Délano ofreció el abastecimiento de agua desalinizada para consumo humano para el 100% de la comuna de La Higuera (Coquimbo), garantizando el derecho de acceso al agua. La acción beneficiaría a un total de 4.271 habitantes y se prolongaría durante 25 años., que es el periodo de vida de la iniciativa.

“El proyecto ha asumido la preocupación de las personas que se dedican al campo, de manera que Dominga ha considerado la dotación de agua a los sistemas de Agua Potable Rural (APR) de la comuna, con el propósito de disminuir la presión de bombeo sobre el acuífero de Los Choros, permitiendo el restablecimiento de sus niveles, promoviendo un uso racional de parte de los agricultores”, consignó el documento.

En este mismo sentido, la compañía propuso “apoyar la creación de una Comunidad de Aguas Subterráneas en la Cuenca de Los Choros, con el objetivo de contar con una mejor gestión del recurso hídrico en esta cuenca, racionalizando el uso del recurso hídrico, el seguimiento de la calidad del agua subterránea y empujando en la generación de iniciativas de reutilización de aguas grises, entre otras”.

La audiencia de conciliación terminó sin un acuerdo y se espera que en los próximos días el magistrado Jean Pierre Matus cite a las partes a un nuevo encuentro.

Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA y representante de Oceana -una de las partes del juicio y firme opositor al proyecto- sostuvo que “La audiencia de conciliación se llevó a cabo mediante una conversación que tuvo uno de los ministros de la Corte Suprema con cada una de las partes. Terminada la audiencia, todas las partes recurrentes, es decir, comunidades y organizaciones que estamos en contra del proyecto Dominga, manifestaron que no existían posibilidades de llegar a ningún tipo de acuerdo, puesto que lo que se está discutiendo son las posibilidades de desarrollo de esas zonas a través de las actividades que se llevan a cabo y también de la protección del medio ambiente”.

“Se trata de cuestiones que no están a disponibles para discutirse en un acuerdo por quienes están demandando, sino que requiere un nuevo tipo de acciones, como una nueva evaluación ambiental”, concluyó, confirmando también que se realizará una nueva audiencia próximamente.

Mientras, el vocero de la Asociación Comunal de La Higuera, Alexis Sánchez, salió a cuestionar las declaraciones de Greenpeace que calificó como “legitimación de ilícito” el proceso de conciliación determinado por la Corte Suprema. El dirigente explicó que el respaldo mayoritario de la comunidad a Dominga se origina en “un largo proceso de diálogo con la empresa, tras el cual se firmó un Acuerdo Marco, el cual es inédito en Chile y que permitirá que La Higuera más que duplique su actual presupuesto fiscal y solucione de manera definitiva el grave problema de disposición de agua potable, lo que sin duda cambiará la vida de todos sus habitantes”.

Menos buques

En la propuesta de Dominga, la compañía apuntó a una disminución de trayecto marítimo por el área marítima sensible. “Se propone que el ingreso y salida de los buques sea desde alta mar directamente a Totoralillo Norte y viceversa, de manera que la misma ruta que actualmente está contemplada -y por tanto evaluada- para la salida de los buques sea utilizada para su llegada”, consignó el documento.

“Nos obligamos a disminuir las áreas de tráfico naviero a solo un 15% de las contempladas inicialmente. Así se eliminarían 55 kilómetros de trayecto actualmente contemplado por el Proyecto desde el puerto de Coquimbo a Totoralillo Norte”, añadió el mismo escrito.

Actualmente, el proyecto contempla un flujo de entre 4 a 6 barcos al mes y “se propone disminuir los barcos a un máximo de 1 a la semana (en promedio anual). Además, la disminución del flujo se realizará priorizando la utilización de naves más modernas, eliminando la utilización de barcos de la clase Panamax”.

Origen de la disputa

La discusión sobre la viabilidad del proyecto Dominga está en la Corte Suprema ya que sus opositores presentaron recursos de casación contra la resolución del Tribunal Ambiental de Antofagasta que acogió la reclamación presentada por Andes Iron.

En su reclamación, la minera cuestionaba la decisión del Comité de Ministros que había rechazado su recurso de reclamación y mantuvo el rechazo al proyecto. Cabe recordar que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (Coeva) rechazó la iniciativa.

En la segunda ocasión que se pronunció el Tribunal Ambiental de Antofagasta, se acogió la reclamación de Dominga, advirtiendo que el Comité de Ministros no debería haber rechazado el proyecto. Por lo tanto, la evaluación del proyecto volvió a la Coeva para que estudie nuevamente la iniciativa. Sobre esta resolución que acogió la reclamación los opositores del proyecto presentaron recursos de casación acusando ilegalidades del tribunal ambiental.

Fuente: Pulso