Dominga solicitó al Tribunal Constitucional una audiencia pública y sumó a Correa Sutil a su defensa, en medio de la disputa entre el Gobierno y el Primer Tribunal Ambiental por las atribuciones para resolver el futuro del proyecto minero-portuario de US$2.500 millones.
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El paso de Andes Iron en la batalla judicial por Dominga
Andes Iron, la compañía minera propiedad de Carlos Alberto Délano, ha reactivado su estrategia judicial para avanzar con el emprendimiento minero-portuario en La Higuera, región de Coquimbo.
Esta mañana, Pedro Ducci, gerente general de la minera, presentó en el Tribunal Constitucional un escrito revelando la incorporación de Jorge Correa Sutil a su equipo legal. Correa Sutil, reconocido experto constitucionalista y exministro del TC, se suma como defensor en este complejo caso.
“El compromiso con la sostenibilidad no es solo ético, sino estratégico”, afirmó Correa Sutil en declaraciones sobre la defensa de Andes Iron.
Jorge Correa Sutil, abogado y exministro
El proyecto Dominga se encuentra en el centro del debate legal debido a la disputa entre el Ejecutivo y el Primer Tribunal Ambiental. La controversia surgió a raíz de una orden del tribunal para revisar la resolución inicial del Comité de Ministros respecto al proyecto, lo que contradice la posición del Gobierno respecto a la competencia en asuntos ambientales.
Proyecto minero-portuario Dominga: una inversión clave en la región de Coquimbo
Dominga es una iniciativa de inversión de más de US$2.500 millones que busca explotar recursos mineros en La Higuera y desarrollar una infraestructura portuaria para exportación.
Desde su inicio en 2013, Dominga ha sido motivo de controversia, involucrando aspectos ambientales, legales y políticos. Mientras sus detractores expresan preocupaciones sobre su impacto en el ecosistema marino, los promotores resaltan su potencial económico y laboral para la región.
- Andes Iron busca validar su estrategia judicial para garantizar la viabilidad del proyecto.
- La audiencia pública solicitada ante el Tribunal Constitucional podría ser clave en el desenlace de esta disputa.
La intervención de Correa Sutil y la solicitud de audiencia pública marcan un nuevo capítulo en la lucha por la aprobación de Dominga, con repercusiones económicas y ambientales a nivel nacional.
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