Resumen de 20 palabras: Economista Marcela Vera critica el acuerdo SQM-Codelco por renunciar a rentas estatales y falta de transparencia.
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La economista y doctora en Ciencias Sociales Marcela Vera, destacada académica de la FAE-USACH, ha puesto en tela de juicio el reciente acuerdo entre Codelco y SQM referente a la explotación del Salar de Atacama. Según sus declaraciones a Reporte Minero y Energético, este pacto no maximiza las rentas del litio para el Estado, al dar a SQM una concesión extendida y una cuota adicional de 300.000 toneladas de LCE hasta 2030, mientras Codelco solo participa en la utilidad generada por 201.000 toneladas en el mismo período, quedando su poder en función de la mayoría accionaria después de 2031.
Marcela Vera resalta que la ausencia de un pago inicial y la sujeción de los ingresos estatales al precio internacional del litio hasta 2030 plantean dudas sobre la maximización de los ingresos que podrían haberse obtenido. Al comparar el valor económico del acuerdo con otras transacciones en la industria, Vera sugiere que el Estado renuncia a beneficios financieros inmediatos y a la posibilidad de capturar el total de las rentas potenciales.
La experta critica firmemente la falta de licitación pública y la negociación directa, que, en su opinión, debilita la transparencia y la competencia en el mercado del litio. Propone un enfoque más transparente, que podría incluir subastas para garantizar una adecuada transferencia tecnológica y la posibilidad de explotar el 100% del litio en un futuro, fortaleciendo así las capacidades del Estado y asegurando un uso eficiente de las ganancias.
Desde una perspectiva fiscal, Marcela Vera advierte que la estimación del impacto financiero de este acuerdo debe considerar diversos factores, como los costos de producción, los precios y volúmenes de venta, así como las potenciales pérdidas de ingresos fiscales. Se estima que el perjuicio fiscal podría oscilar entre los 45.000 y 365.000 millones de dólares, sin contar con las deudas que SQM mantiene con el SII.
En un tono crítico, Vera concluye que este tipo de acuerdos refuerzan la percepción de que la industria del litio se decide en negociaciones opacas, perpetuando una falta de transparencia y debilitando la credibilidad de las empresas involucradas. Además, alerta sobre la incertidumbre jurídica y la falta de reglas claras en la gestión de recursos estratégicos, lo que podría disuadir la inversión extranjera en un entorno de buena gobernanza y valor compartido.
