Ecuador apuesta por la minería responsable y reclama pacto social energético

El Gobierno de Ecuador insistió en su apuesta por desarrollar una minería responsable a gran escala, con el mayor cuidado ambiental posible, y reclamó un «pacto social energético» a las comunidades y colectivos que se oponen a las actividades extractivas en el país.

Así lo señaló el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, José Augusto Briones, quien remarcó sobre la importancia de que el país haya concretado el pasado fin de semana una gran venta de oro con los mercados europeos.

Se refería a la venta de 177,9 toneladas de concentrado de oro al mercado europeo por parte de la operadora canadiense Lundin Gold, concesionaria de la mina «Fruta del Norte», situada en la Amazonía ecuatoriana.

Esa operación tuvo un valor de USD 1,9 millones, añadió Augusto al remarcar que «las perspectivas son promisorias», pues se espera que las inversiones en el desarrollo de ese proyecto minero alcancen los USD 2 700 millones.

Se trata de una concesión en la que el Estado tiene el 51 % de participación, mientras que la firma canadiense el restante 49%. Por ello, añadió el ministro, «se espera que el Estado ecuatoriano obtenga 1 USD 150 millones» en los quince años de vida útil de la mina.

Sin embargo, destacó que el potencial minero de los tres mayores proyectos mineros del sur y sureste de Ecuador (Mirador, Fruta del Norte y Río Blanco) suman expectativas por operaciones en oro de USD 2 600 millones, USD 5 600 millones en plata y USD 400 millones en cobre.

«Eso nos da aproximadamente USD 8 600 millones», cuantía que aumenta si se considera que otros proyectos mineros del norte andino del país también aportarían importantes ingresos, pues la mina Yurimagua tiene un potencial de USD 5 500 millones y su vecina Cascabel de USD 1 400 millones, afirmó Augusto.

«Son proyectos necesarios» para atender las necesidades financieras del país, agregó el ministro al precisar que en el caso del proyecto Llurimagua el proceso se encuentra en la fase de constitución de una Sociedad Anónima entre la estatal ENAMI y la gigante chilena Codelco.

En este proyecto cuprífero, precisó, se han estimado los aportes para emprender una fase de exploración que requerirá una inversión de USD 250 millones.

Sin embargo, dijo que en proyectos como el de Río Blanco, en el sur andino del país, se han presentado dificultades por la posición de las comunidades indígenas que se han opuesto a la explotación minera por considerar que éstas generan riesgo a las fuentes de agua de la región.

Augusto aseguró que hay intereses «politiqueros» para frenar la actividad minera en esa zona, aunque aceptó que hay reclamos legítimos de las comunidades indígenas sobre los riesgos ambientales de este tipo de proyectos.

Recordó que las comunidades amazónicas, donde se asienta el grueso de la industria petrolera, no han sido debidamente beneficiadas por la explotación del crudo, lo que ha generado dudas sobre las actividades extractivas. De eso se trata la «minería responsable, porque creemos que esta es una salida cierta y sostenida para el desarrollo del país», apostilló Augusto.

En cuanto a la industria petrolera, el ministro indicó que el Gobierno ha proyectado incrementar la producción de crudo para el año 2020 a un promedio de 542 000 barriles diarios, de los cuales 437 000 corresponderían al Estado y 105 000 a las empresas privadas que operan en el país.

Esta proyección supondría un aumento de 22.000 barriles diarios a la producción total actual, precisó Augusto, al señalar que el Gobierno también tiene previsto impulsar el sector con varias iniciativas como la llamada «Ronda Suroriente», a la que se oponen comunidades amazónicas y grupos ambientalistas.

Si no se aprovechan estos recursos para el desarrollo del «no nos vamos a perdonar como sociedad», añadió Augusto.

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