La batalla entre SQM y uno de sus principales accionistas, la china Tianqi, se trasladó al escenario legal desde hace ya unos meses. La empresa china, dueña del 22% de SQM, exige la realización de una junta extraordinaria de accionistas para someter a votación el meganegocio; mientras la empresa minera no metálica ha argumentado que la decisión de la alianza era resorte de su gobierno corporativo formal: el directorio de SQM.
La diferencia está siendo sometida al juicio de la comisión para el Mercado Financiero, a la que recurrió Tianqi el 22 de mayo pasado. La CMF ya había resuelto algo al respecto, en un dictamen del 29 de febrero pasado. SQM, anticipándose a una discusión legal de consecuencias millonarias, había consultado a la CMF en enero si la alianza con Codelco, que a su juicio no constituía una enajenación de activos, debía ser votada por sus accionistas. Y la CMF le dio la razón. Con ese dictamen en mano, SQM defendió el procedimiento empleado en dos juntas extraordinarias de accionistas solicitadas por Tianqi, en marzo y abril, y suscribió los documentos finales de la asociación.
El negocio, sin embargo, está condicionado al pronunciamiento final de la CMF. Así lo comunicó SQM el viernes: una condición suspensiva para que la alianza se ejecute es “que no se haya acogido el requerimiento realizado por Inversiones TLC SpA de fecha 21 de mayo de 2024 a la Comisión para el Mercado Financiero y que ninguna autoridad haya emitido una orden que impida la materialización de la asociación”. Por ello, todos los ojos están puestos hoy en el consejo de cinco integrantes de la CMF, que tardó seis semanas en resolver la primera consulta.
Tianqi acudió el 22 de mayo con una presentación de una decena de páginas a la que acompañó tres informes en derecho, realizados por Ignacio Araya Paredes, profesor de Derecho Comercial en la Universidad de Chile desde hace casi ocho años y la Universidad de Santiago desde hace cuatro; Juan Eduardo Palma, socio senior del estudio Palma, quien también ha sido profesor de derecho comercial en la Universidad de Chile y director de empresas como Banco BHIF, Canon Chile S.A. e Itochu Chile; y Guillermo Caballero Germain, abogado de la Universidad Católica de Valparaíso y director académico de postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez.
La CMF dio plazo hasta el lunes 3 de junio para responder el oficio de Tianqi. Y este lunes SQM lo hizo. La compañía agregó en su respuesta cinco informes en derecho cuya existencia reveló en la última junta de accionistas realizada el 24 de abril. Impelidos por el abogado y representantes de Tianqi, Rodrigo Castillo, los asesores legales de SQM, liderados por el socio de Claro y Cia, Rodrigo Ochagavía, respondieron que la decisión adoptada tenía respaldo jurídico.
Lo dice así el acta de esa cita: Ochagavía respondió ese día que SQM “ha requerido informes en derecho a profesores de derecho civil, de derecho comercial y a abogados que antes trabajaron en entes reguladores, para confirmar si compartían la opinión de la CMF” y que todos ellos opinaron que “la transacción no es materia de junta extraordinaria accionistas”. Entonces indicó que no podía compartir los nombres de sus autores porque los informes no habían sido emitidos en forma final. Los documentos, sin embargo, ya están terminados y fueron acompañados en su presentación esta semana ante la CMF.
Uno de los autores trabajó durante años en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), antecesora legal de la CMF: Armando Massarente Silva es abogado de la Universidad de Chile y fue fiscal del organismo regulador por más de una década, entre 2001 y 2015. También ha realizado otros informes en derecho en otros casos y hoy es presidente de la corredora de Bolsa de Vantrust.
Otro de los juristas convocados por SQM también tiene una larga trayectoria ligada a la ex SVS: Francisco Pfeffer Urquiaga defendió al organismo en numerosas causas judiciales derivadas de investigaciones de la entidad, como el caso Chispas, el caso Fasa y la multa a Sebastián Piñera por compras de acciones de Latam Airlines. Socio del estudio jurídico Pfeffer & Asociados, es abogado de la Universidad de Chile, titulado en 1984, fue también abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Suma varias publicaciones en revistas de actualidad jurídica.
A ellos se suma Juan Esteban Puga, socio del estudio Puga Ortiz, especialista en temas de insolvencia y reestructuración de pasivos. Abogado de la Universidad de Chile, titulado en 1983, ha ejercido como docente de pregrado de derecho comercial en las Universidades Católica y Alberto Hurtado y su página web lista una decena de libros publicados. Entre ellos, sobre todo ligados a quiebras, y uno, editado en 2011, llamado “La Sociedad Anónima y Otras Sociedades Por Acciones en el Derecho Chileno y Comparado”.
El cuarto informe en derecho lo suscribió Enrique Alcalde Rodríguez, socio de Marinovic & Alvalde. Abogado de la Universidad Católica, Alcalde es experto en litigios y arbitrajes y fue abogado integrante de la Corte Suprema entre 2021 y 2023. Antes fue fiscal de Enersis y abogado del Banco Central y también suma varias publicaciones: entre ellas “Responsabilidad de los directores de las Sociedades Anónimas”, de 2013, y “Sociedad Anónima: autonomía privada, interés social y conflictos de interés”, de 2007.
Y el último lo firma Cristián Herrera, socio de otro de los grandes estudios de abogados locales, que no estuvo involucrado en la transacción: Cariola Diez Pérez Cotapos. Herrera llegó al estudio en 1994 y se hizo socio en 2005: está a cargo de uno de los grupos de Fusiones y Adquisiciones del bufete. Estudio en la Universidad Católica, con un master en derecho en la Universidad de Berkeley, en 1999. Registra tres publicaciones, entre ellas: “Los Pactos de Accionistas en la Sociedad Anónima”, de 1997.
